Ética, Dignidad y Autogestión

Andalucía

La transformación de Monachil

Escrito por jesusfrancosanchez 07-08-2017 en Andalucía. Comentarios (0)


Los resultados de la brega del ente estatal por liquidar el mundo rural peninsular en la contemporaneidad se harán evidentes a partir de la segunda mitad del siglo XX.

En las sociedades andaluzas se producirán fenómenos como la tecnificación y mecanización de los cultivos, la extensión del regadío y el desarrollo de la agricultura intensiva en invernaderos; la instauración en el medio rural de industrias agroalimentarias y de producción de insumos agrarios; la especialización turística, con la consecuente urbanización y terciarización de la economía; o la expansión del sistema de ciudades al espacio rural.

‹‹Estudio antropológico de un proceso de transformación cultural. Poner Monachil en el mapa››, Pablo Palenzuela Chamorro y Javier Hernández Ramírez, analiza el cambio sociocultural de este municipio granadino en relación a lo apuntado arriba, comprendiendo desde los años cuarenta hasta los noventa del siglo pasado.

Monachil es una pequeña población de media montaña, situada en las estribaciones de Sierra Nevada y dentro de la zona de influencia de la ciudad de Granada.

*

Hacia 1940 Monachil era ‹‹un municipio de base económica agropecuaria››. Las actividades agrícolas se realizaban en valles y mediante bancales, siendo los cultivos del cereal y de la patata los más importantes; asimismo era significativa la producción de aceitunas. Sierra Nevada fue definida como una ‹‹cordillera de campesinos››. El sector pastoril fue igualmente destacable, fundamentalmente debido al ganado menor ovino y caprino. La capital granadina era la receptora de los excedentes de tales actividades, así como los procedentes de las pequeñas industrias, que ‹‹aprovechaban recursos naturales del término municipal››.

Por tanto, existía una ‹‹profunda imbricación entre producción local y territorio››.

La aparcería y el arrendamiento como sistemas de tenencia de la tierra posibilitaban que las medianas y pequeñas explotaciones fueran numerosas, si bien ‹‹la propiedad jurídica de la tierra estaba concentrada en pocas manos››. Las familias jornaleras excluidas de tales regímenes de acceso a la tierra (algunas residían en cuevas) eran aproximadamente un tercio de la población total del municipio. La inscripción en el Padrón Municipal de Beneficencia, los trabajos de repoblación forestal o la emigración temporal constituyeron algunas de las vías de soporte para las economías maltrechas.

Es oportuno indicar la importancia que no sólo la pequeña propiedad tuvo en el sudeste peninsular sino también la colectiva. Así, los monachileros habían construido su identificación local a partir de ‹‹la consideración del territorio como comunal y exclusivo de los vecinos››. Las prácticas agrosilvopastoriles, de carácter familiar, se sustentaron además en la existencia de relaciones personales, intensas y frecuentes. Éstas, todavía mediado el siglo pasado, estrechaban ‹‹los vínculos de cooperación entre vecinos y atenuaban los conflictos derivados del desigual disfrute de los recursos locales››. La existencia de sistemas de ayuda mutua, fiestas de carácter comunal y otras formas de solidaridad reforzaban la ‹‹cohesión social››.

La construcción, la industria y los servicios, por el contrario, eran todavía sectores poco desarrollados.

*

Los primeros años de la década de los sesenta marcarán un ‹‹claro cambio de la orientación económica del municipio››. Tendrá lugar una ‹‹triple especialización››: agropecuaria, residencial y turística.

La primera, centrada en el núcleo Monachil-pueblo, orientará sus cultivos (judías verdes y cerezas) hacia la competitividad en el mercado, dando de lado a aquellos tradicionales; la ganadería irá convirtiéndose en una actividad de carácter residual (‹‹la venta de leche puerta a puerta fue lánguidamente desapareciendo››) ante el empuje de las centrales lecheras y la exigencia de garantías sanitarias. De otra parte, los aprovechamientos forestales (leña, esparto, plantas aromáticas…) ‹‹desaparecen como actividades importantes a fines de los años cincuenta››.

La segunda se desarrollará en el Barrio de la Vega, sobre todo en el monte Los Llanos, percibido por el vecindario como comunal. Suelo que de forestal pasará a ser urbano. Esta construcción de viviendas ‹‹supone la culminación del proceso de mercantilización y privatización iniciado a mediados del siglo pasado [XIX] con los decretos desamortizadores››. Los monachileros lo vivirán como un expolio territorial. Dicha transformación propiciará también un ‹‹crecimiento vertiginoso›› del sector de la construcción. La política llevada a cabo favorecerá ‹‹claramente a los promotores urbanísticos, al capital especulativo y al desarrollo urbanístico acelerado››.

Y la tercera se concretará en la estación de esquí de Pradollano-Solynieve. Hasta la década de los años sesenta, ‹‹las actividades producidas tradicionales desarrollaban, a lo largo del ciclo anual, un uso estacional del territorio››. Así, la relación hombre/territorio en la sierra era ‹‹de baja intensidad››. A partir de entonces Sierra Nevada conformará uno de los lados del ‹‹triángulo turístico›› de la provincia de Granada, junto a la capital y la costa del sol granadina. Los monachileros perciben este caso como una usurpación de los recursos, de la riqueza generada en esta parte de su territorio; la operación fue ‹‹totalmente externalizada››. El desarrollismo franquista, al incluir la sierra en los planes urbanísticos, originó ‹‹al cabo de unos pocos años la contaminación del río Monachil››, del que antes se bebía, además de ‹‹la erosión de zonas con escasa cubierta vegetal›› debido a otras obras emprendidas. Posteriormente, en la década de los años ochenta, la Junta de Andalucía comprará ‹‹un gran número de acciones›› de la sociedad que gestionaba la estación; participarán también en su sostenimiento otras administraciones “públicas”, pero no por ello los fines se modificarán: ‹‹la urbanización-promoción de suelo urbano y la explotación de los medios mecánicos››. El ‹‹espectacular crecimiento›› del sector servicios desde finales de los sesenta no se ha producido entre los monachileros por la estación invernal, sino que la mayoría de los empleados en dicho sector trabaja en Granada. También la población femenina que labora en el servicio doméstico ha aumentado considerablemente.

La acción política de los ayuntamientos “democráticos” de Monachil no cuestionará el modelo desarrollista heredado del franquismo, más bien lo favorecerá.

La especialización económica y territorial originará ‹‹la percepción general de una clara diferenciación objetiva entre Monachil-pueblo y los otros dos núcleos poblacionales››. Con dos formas de ‹‹interacción social››: para una informante, ‹‹esto [Barrio de la Vega] está como más capital, la gente como más a lo suyo y allí [Monachil-pueblo] todo como en familia››.

*

Las estrategias para la subsistencia se reorientarán entre los monachileros desde principios de los años sesenta. Aquéllas consistirán en una ‹‹diversificación de actividades›› (trabajo asalariado múltiple), una ‹‹pluralidad de bases económicas››1 (combinación de la explotación agrícola o ganadera con otras actividades. La persistencia en el cultivo de la tierra ‹‹significa mantener los vínculos de unión con sus raíces y con su pueblo››, además de una garantía ante situaciones precarias. Por ello, ‹‹los viejos se alarman ante los escasos conocimientos que los jóvenes tienen sobre la agricultura››) y ‹‹autoempleo›› (constitución de pequeñas y medianas empresas, cooperativas de trabajadores, o servicio doméstico).

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Para los autores, las modificaciones operadas, tanto en la base material como en la identificación local, son achacables al ‹‹efecto de la intensificación de las relaciones capitalistas››.

Pero hay que señalar al Estado como sujeto agente número uno de la radical mudanza de las sociedades ibéricas en los últimos 250 años. El derecho positivo, los tributos, el adoctrinamiento, el salariado y las armas quebraron especialmente el modo de vida campesino.


1 Se ha de incluir entre ellas a las prestaciones asistenciales estatales, que durante las últimas décadas conocieron un auge por medio de la instauración del binomio PER-Subsidio, que sustituyó al Empleo Comunitario, con el PSOE en el gobierno. Para los jornaleros, el Estado fue siempre el aliado natural de los propietarios. La Guardia Civil reprimía cualquier acción que atentara contra la propiedad. Tras la Transición, un proceso histórico en el que no hubo ruptura sino una reforma consensuada y dirigida por unas élites que negociaron “desde arriba” la permanencia de los “poderes fácticos”, se institucionalizarán y consolidarán las ayudas al desempleo, y el Estado se presentará ante el colectivo campesino con una nueva faz, la de benefactor. El Estado, los Ayuntamientos y el Patrón se convertirán en un “socio” imprescindible para el sector jornalero. El primero otorgará la prestación, el segundo empleará a través del Plan de Empleo Rural, y el tercero facilitará las peonadas necesarias (aun sin realizar el trabajo) para el cobro del subsidio. Las estrategias de supervivencia ya no serán colectivas sino individuales o familiares. Además surgirán nuevas redes clientelares en torno a alcaldes (el PSOE alcanzó éxitos electorales en el medio rural), propietarios y otros. El Estado logró con estas medidas desviar la lucha de clases, evitar el antagonismo y el enfrentamiento directo, en un momento, los años ochenta, en el que el movimiento jornalero conoció un “resurgimiento” por varias razones que no señalaremos aquí. La estabilidad en la percepción del subsidio agrario desactivó las protestas, borró los horizontes reivindicativos de transformación social y consumó la disolución del campesinado. ‹‹La historia de Andalucía a debate. Volumen I. Campesinos y jornaleros››. Manuel González de Molina, editor.


Aprovechamientos vecinales y desamortización en Almonte

Escrito por jesusfrancosanchez 19-05-2017 en Andalucía. Comentarios (0)

‹‹Ocurre, no pocas veces, que el proceso mutacional engendra situaciones regresivas››. Heleno Saña.

El discurso historiográfico dominante ha proyectado una imagen de la Andalucía rural caracterizada por diversas patologías propias, como el burdo binomio señores-vasallos o el atraso económico y cultural 1.

Ello silencia experiencias valiosas. Tan necesarias hoy.

La reduccionista concepción de un sur peninsular latifundista salpicado de minifundios funcionales se verá complicada y enriquecida por la emergencia de una Andalucía campesina, ‹‹donde la propiedad colectiva, los aprovechamientos vecinales, la pequeña explotación agrícola o ganadera, la pluriactividad, etc., reflejan estrategias de supervivencia de un número muy significativo de individuos que superan la condición de meros jornaleros›› 1.

A finales del denominado Antiguo Régimen existía en Andalucía ‹‹una cantidad considerable de tierra de carácter comunal›› 1. Los bienes y usos colectivos, de aprovechamiento libre, gratuito y regulado 2, ‹‹desempeñaban una tarea esencial›› 1.

El proceso desamortizador ejecutado por el Estado liberal en el siglo XIX tuvo efectos de una ‹‹extraordinaria magnitud›› 1 para el campesinado. El artículo 2º de la ley Madoz de 1855 exceptuaba de la venta aquellos bienes que eran de aprovechamiento común 3. No obstante, el comunal en Andalucía quedó reducido a aproximadamente la mitad 1. Veremos luego, para el caso almonteño 4, cómo se procedió a su despojo y privatización.

Al expolio de los terrenos forestales vino a sumarse, con la ley de Montes de 1863, ‹‹la privatización de uso de dichos patrimonios›› 1. Lo que condujo a la subasta y explotación de los distintos esquilmos; práctica generalizada especialmente en Andalucía oriental y Cádiz 1.

Ambos procesos privatizadores, del suelo y de los aprovechamientos, ‹‹fueron especialmente intensos en el sur de España›› 1.

Cabe suponer que dicho fenómeno de privatización de las tierras públicas fue, no sólo después de 1855, sino también antes ‹‹bastante intenso›› 1 en Andalucía, especialmente en las provincias occidentales. Así, Cabral Chamorro sitúa en un lugar secundario para la provincia gaditana la desamortización de Madoz, por detrás de los repartos de tierras llevados a cabo desde mediados del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX 2.

Lo que hizo la ley de 1855 fue acabar con los repartos como vía de enajenación e imponer ‹‹las ventas en pública subasta como la forma más importante de reducción a propiedad particular del patrimonio municipal›› 1. La “redención de censos” que posibilitaba el acceso a la propiedad a precios inferiores a los del mercado, las “roturaciones arbitrarias” de tierras de Propios y las “enajenaciones fraudulentas” constituyeron otros procedimientos en los que participaron ‹‹el pequeño y mediano campesino, aunque otra cuestión fue su supervivencia›› 1.

La Reforma Agraria, de matriz regeneracionista, se constituyó a partir de finales del siglo XIX en la única vía de “redención de Andalucía”, según propagandistas de partidos y sindicatos de izquierda y anarquistas, y algunos intelectuales y técnicos. Pero ‹‹¿por qué no se reivindicó antes de esas fechas? Precisamente porque la subsistencia campesina dependía en mayor medida de los bienes comunales y del acceso estable a los repartos anuales de suertes de Propios que de la fragmentación de la gran propiedad›› 1. A partir de entonces se experimentarán altos niveles de conflictividad, resistencia y protesta social *, reprimidas con celo por la Guardia Civil, en las que el deseo de gran parte del campesinado de un retorno al colectivismo será una cuestión decisiva 5.

La campesinización se fundamenta no sólo en el tamaño de las fincas o el aporte predominante de mano de obra, sino también en ‹‹la existencia de fuertes vínculos de solidaridad trabados alrededor de los bienes comunales […], la actitud de resistencia a la penetración de los valores capitalistas, la fuerza del parentesco o la vecindad en las relaciones socioeconómicas, la experiencia reivindicativa en defensa de la comunidad […], las pautas identitarias propias de una cultura oral y agraria, de una cosmovisión muy diferente de la urbana y letrada, la posesión de una lógica distinta a la del lucro…›› 1.

*Durante la II República española, ‹‹no se produce la esperada devolución al pueblo de sus antiguos comunales, ni el reparto de los latifundios del Sur. Todo discurre de tal forma que casi nada cambia entre 1923 y 1940››. Ojeda Rivera, nota bibliográfica 4.

El trío privatización-deforestación-agricolización supuso la ‹‹quiebra del sistema agrosilvopastoril o de uso múltiple del suelo, con graves consecuencias para la ganadería y los nutrientes del suelo, lo que terminó por reducir los límites de subsistencia del campesinado›› 1.

Las reformas liberales se orientaron a convertir la propiedad en privada absoluta y ‹‹a remover cuantos obstáculos se oponían al libre desarrollo del interés individual›› 1.

De ello resultó un remozado y fortalecido aparato estatal, una clase burguesa pujante y unas clases populares notoriamente debilitadas 6.

*

En las dos últimas centurias Almonte ha experimentado profundos cambios, antropológicos, socioeconómicos y paisajísticos.

Para Domínguez Ortiz el mundo rural del siglo XVIII ‹‹funciona como un microcosmos››, donde se simultanean ocupaciones como el cultivo, la caza, la pesca, el acarreo, el artesanado, etc.

Este “agrosistema tradicional” se ejecutaba en gran medida en Almonte sobre las 2/3 partes de la superficie municipal, ‹‹de propiedad, o al menos, de uso público››. Este espacio de todos los vecinos lo componían los baldíos del común, las ‹‹generosas›› marismas, las dehesas y pinares del Concejo y también el coto de Doñana que, aunque de jurisdicción señorial, fue puesto en duda por ‹‹la consideración popular››. Cabral Chamorro informa del vigor de la comunidad campesina en la defensa de su existencia económica y autonomía administrativa 2. Ojeda Rivera señala el ‹‹enfrentamiento abierto›› entre la población almonteña, según las circunstancias históricas, y el estado señorial de Medina Sidonia.

Los bosques de pinos, alcornoques, encinas, acebuches, moreras, álamos, sauces, sabinas, enebros…; los matorrales de brezos, jaguarzos, lentiscos, aulagas, cantuesos…; los pastizales y los charcos o caños marismeños ofrecían una diversidad de recursos.

Las actividades pastoriles proporcionaban carne y leche.

La corta de madera de alcornoque o encina se empleaba para la construcción de ruedas de carretas, arados o yugos; la de pino para la cubierta de viviendas o la elaboración de muebles; la de sauce para la fabricación de toneles o sillas.

Los frutos de los árboles (piñones, bellotas, acebuchinas) se destinaban a la alimentación, tanto humana como animal; el corcho o casca de las quercíneas a la artesanía de curtidos y la confección de colmenas.

Por su parte, el matorral o monte bajo proveía de eneas, cañas, juncos, castañuelas y bayuncos para la construcción de chozas; de almajos, materia prima para la elaboración de jabón o sosa; de jaguarzos y brezales, fuente principal de combustible de los hornos de pan; y de cepas y leñas para el carboneo.

En estos montes se asentaban también colmenares.

Esta área, gracias a su variedad de biotopos, la confluencia Atlántico-Mediterráneo y la estacionalidad del régimen hídrico, entre otros factores, se conformaba como un formidable cazadero. Apareciendo además buenas reservas de pesca. Una ‹‹gran despensa proteínica›› constituida por venados, conejos, ánsares, gansos, patos, huevos…

Los almonteños no se limitaron a una ocupación exclusiva. Conocían y aprovechaban todos los recursos que el medio podía ofrecerles. Fueron capaces o no necesitaron ‹‹territorializar y hacer productiva la mayor parte de la superficie municipal con que contaban››. Las actividades de ‹‹predación y recolección›› las compaginaban con el trabajo en la agricultura como jornaleros, colonos o minifundistas. Aquí la estructura de la propiedad se perfila más igualitaria que en otros municipios de la Baja Andalucía, como son los de las campiñas sevillana y cordobesa. ‹‹El dominio de lo disperso y lo pequeño se convierte en característica fundamental››, salvando ‹‹la gran importancia de los bienes comunales y concejiles›› y los ‹‹extensos predios de la nobleza››.

Propietario

Porcentaje del territorio

Secular

8-12%

Eclesiástico

3-6%

Duque

19-20%

Propios

4%

Comunal

61%

*

En 1785 el párroco de la villa de Almonte describía así las áreas baldías: ‹‹Tiene la mayor parte de su término poblada de montes bajos con variedad de árboles derramados como son alcornoques y acebuches y el monte bajo de jaguarzos, ahulagas, lentiscos, madroños… Tiene varias dehesas de alcornoques, encinas y una gran parte de pinares, que unos y otros sirven para los Reales Arsenales de S.M… La dehesa de la Rocina, que tendrá de latitud nueve millas y de ancho un tiro de fusil, cuya arboleda se compone de fresnos, sanguinos, álamos negros y blancos, alcornoques, parrales y otras variedades de matas muy frondosas y esta arboleda está regada por una gran ribera… y en los extremos o distancias hay unos grandes charcos profundos donde se crían varias especies de peces como son anguilas, galápagos, barbos y otros…››.

Al contrario de lo que acontecía en el valle del Guadalquivir, ‹‹donde los bienes públicos se privatizaron en su mayoría en fechas anteriores a Madoz››, tanto en Almonte como en localidades próximas como Aznalcázar o Hinojos, ‹‹se constata la fuerte presencia actual de tierras concejiles, como también se observa en municipios serranos de Huelva, Sevilla y Córdoba››.

Los baldíos descritos por el cura, de tradicional aprovechamiento común, muy aptos para el pastoreo e incluso para el cultivo, fueron desamortizados, a pesar de la exclusión a la que estaban sujetos, como se dijo *, debido a que sobre ellos había recaído algún tipo de arbitrio.

Si bien anteriormente estos terrenos colectivos fueron objeto de injerencia por el Estado en su política naval y de repartos por el concejo almonteño, no tendrá lugar ‹‹un fenómeno de profundas repercusiones›› en el municipio sino a raíz de la desamortización de 1855.

‹‹Los perdedores en el proceso serán los jornaleros, colonos y pequeños propietarios que, además de no contar con medios económicos para adquirir terrenos en las subastas desamortizadoras, son desposeídos de sus tradicionales espacios de uso común››.

*En 1860 se exceptuarían además, por razones de “utilidad pública”, ‹‹aquellos montes cuya especie arbórea dominante sea el pino, el roble o el haya y que cubran una extensión de al menos 100 Ha››, y que engrosarán los “propios”.

Por la ‹‹falacia de la arbitración›››› fueron puestas en venta más de 51.000 hectáreas de baldíos de uso comunal, cifra muy superior, por cierto, a las afectadas por la desamortización eclesiástica, que oscilan entre 500 y 2.000. La aplicación de las medidas liberales propiciará una ‹‹aparente paradoja, según la cual dejan de existir los baldíos de uso comunal, exceptuados de desamortización, y aumentan considerablemente los terrenos concejiles o de propios, objetivos directos de dicha ley››.

TIERRAS CONCEJILES Y COMUNALES. COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN (1854-1951). En Ha.

1854

1881

1901

1925

1951

Concejiles o “propios”

Dehesas

1.819

435

-

-

-

Pinares

1.038

1.156

10.769

2.046

2.336

Montes y marismas

1.916

10.120

-

7.715

7.482

Colonias agrícolas

549

807

-

978

1.021

Baldíos comunales

51.592

-

-

-

-

Por tanto, pasan a manos del ayuntamiento unas 8.000 ha de comunal; son vendidas (destacando entre los compradores algunos potentados como Ibarra o Medina Garvey) unas 25.000, de las cuales el Estado franquista recuperará el 84% a partir de 1940, permaneciendo el 16% restante en manos privadas; en torno a 18.000 quedarán en posesión del Estado entonces liberal.

*

La pérdida en Almonte a partir de 1855 de los baldíos comunales, convertidos ‹‹en grandes fincas cerradas a todo posible uso gratuito››, supondrá ‹‹un encorsetamiento de pequeños agricultores y jornaleros que, acostumbrados a contar con aquellas tierras para rozar, cazar, predar y obtener los suplementos necesarios para sostener sus economías familiares, se ven constreñidos a sus pequeñas parcelas o a sus jornales eventuales››. La ‹‹agudización de las contradicciones sociales›› y las ‹‹reapariciones periódicas de agitaciones campesinas›› en estas áreas, menos proclives al ‹‹dualismo social››, se relaciona, sin duda, con el fin de los baldíos comunales que habían constituido ‹‹la mejor válvula de seguridad para el sistema social tradicional››. Las clases populares percibieron aquellas ventas ‹‹como un despojo o abuso de autoridad del nuevo Estado››, que ‹‹resultaba bastante más duro y con menos elementos dulcificadores de las desigualdades sociales que el viejo sistema estamental››. Las roturaciones, legales e ilegales, de tierras de propios para la cobertura de necesidades primarias, serán ‹‹una fórmula de defensa ante las agresiones del nuevo sistema social clasista››. Durante todo el primer tercio del siglo XX se llevaría a cabo una ‹‹labor de subordinación política del campesinado››, procurando que ‹‹no perdieran su carácter de jornaleros››.

El equilibrio existente durante el Antiguo Régimen ‹‹entre zonas agrícolas y espacios naturales en la relación sociedad-medio›› se quebrará. Los habituales ‹‹espacios plurifuncionales›› se transformarán en ‹‹áreas monoproductivas››. La repoblación forestal con pinos y eucaliptos llevada a cabo por el Estado, mediante el cuerpo de ingenieros de montes, afectará a unas 30.000 hectáreas en el municipio onubense; su madera abastecerá ferrocarriles y minas. El bosque dejará de tener un valor de uso (comunal) para convertirse en valor de cambio.

El ‹‹igualitarismo y uso comunal›› y ‹‹los pequeños y medianos propietarios›› serán sacrificados. Se consagrará la concentración de la propiedad de la tierra.

A pesar de los muchos aciertos, Ojeda Rivera yerra en la motivación de fondo: ‹‹los planteamientos de la burguesía sobre organización del espacio parten de una necesidad, la de alimentar a la población creciente››. Más bien, el propósito último de la desamortización civil es ‹‹aumentar de manera radical el poder de intervención y mando del Estado, por sí y a través de la desintegración de la comunidad popular rural, que era su adversario principal al operar como un efectivo contrapoder que en lo político, jurídico, administrativo, ideológico y económico limitaba de forma notoria la potestad y regalías del artefacto estatal, bloqueando o dificultando su expansión ulterior›› 6.

Desde la década de los 60 del siglo XX, la ordenación del espacio municipal almonteño ha caminado ‹‹hacia la progresiva consolidación de cinco unidades paisajísticas netamente diferenciadas y muy desconectadas entre sí››. Esta especialización zonal comprende: agrícola de ruedo tradicional, nueva agricultura de regadío en arenas, forestal repoblada, ganadera, y natural y de ocio (Doñana y playas).

*

La interpretación de la temporalidad del hombre y de la historia en un sentido ascendente y apologético es refutada por los sucesos de los dos últimos siglos. La teoría del progreso es profecía y abstracción, elaborada al margen de la realidad. Giambattista Vico, situándose en una perspectiva diametralmente opuesta, divide la historia en un proceso alternativo de fases ascendentes y fases descendentes 7.

La experiencia muestra que la naturaleza última de los acontecimientos es decisionista; un decisionismo, eso sí, imperfecto, normalmente entremezclado con elementos de necesidad y de azar. Pues la praxis humana no opera en el vacío: nuestra libertad es finita y está siempre sujeta a condiciones 6.

Bibliografía consultada

1 La historia de Andalucía a debate. Volumen II. El campo andaluz. Manuel González de Molina (editor).

2 Propiedad comunal y repartos de tierras en Cádiz (siglos XV-XIX). Antonio Cabral Chamorro.

3 Historia de la propiedad comunal. Rafael Altamira y Crevea.

4 Los datos e informaciones sobre la localidad onubense tomados de Organización del territorio en Doñana y su entorno próximo (Almonte). Siglos XVIII-XX. Juan Francisco Ojeda Rivera.

5 Investigación sobre la II República Española, 1931-1936. Félix Rodrigo Mora.

6 La democracia y el triunfo del Estado. Esbozo de una revolución democrática, axiológica y civilizadora. Félix Rodrigo Mora

7 Breve tratado de ética. Una introducción a la teoría de la moral. Heleno Saña


Aproximación territorial a los bienes comunales en Sevilla durante la Baja Edad Media

Escrito por jesusfrancosanchez 08-04-2017 en Andalucía. Comentarios (0)


El significado universal de los bienes, usos y costumbres comunales se pondrá de relieve incluso en una fase histórica descendente para la civilización en la Península Ibérica, la Baja Edad Media 1, período en el que Andalucía experimentará una transformación política, social, económica y cultural mediante los procesos de conquista, repoblación y repartimiento 2.

El comunal es un elemento de la compleja estructura del campo andaluz que en su historia no puede reducirse a las categorías de jornaleros y terratenientes, subdesarrollo y desindustrialización. Tal es así que en el siglo XIX, a raíz del proceso desamortizador estatal, las reivindicaciones campesinas no demandaban el reparto de la tierra, sino que exigían la devolución de los comunales enajenados 3. Y más aún, durante la segunda república española (1931-1936) en muchos municipios andaluces se seguía pleiteando por lo antaño usurpado 4,5.

Con la repoblación de Andalucía se fue configurando un espacio de uso comunitario 6 que coexistirá junto a la propiedad privada de la tierra, siendo ésta inicial y preferentemente en régimen de pequeña y mediana propiedad 2. La gran propiedad se irá haciendo realidad de forma paulatina a lo largo de los siglos XIII, XIV y XV 7.

A diferencia de los bienes de propios, de pertenencia concejil -en cuya adquisición contribuía la usurpación de tierras comunales-, los bienes comunales son aquellos sobre los que nadie detenta una propiedad eminente 6. Si bien, con la penetración del derecho romano, incluido en el programa restaurador del orden social godo-romano realizado por la Corona en los siglos bajomedievales 1, el monarca aparecerá como titular de todas las propiedades sin dueño 6. No obstante, una afirmación relevante de A. Nieto es que:

‹‹La esencia de la comunalidad vecinal no se encuentra en el objeto de derecho, y mucho menos en su titularidad, sino en el aprovechamiento comunal por parte de los vecinos››. 3

Asimismo, las tierras despobladas, denominadas baldíos o realengos, fueron poco a poco identificándose con los comunales 6.

M. A. Carmona Ruiz 6 diferencia, dentro de los bienes comunales, entre:

- Caminos y aguas (ríos, arroyos, fuentes, pozos y abrevaderos. Que permitían la pesca y garantizaban a los ganados lugares para abrevar).

- Terrenos abiertos de aprovechamiento en común. Montes y eriales. Para alimento del ganado, obtención de leña, madera, carbón y frutos silvestres (bellotas, espárragos, setas, alcachofas…), desarrollo de la apicultura en el sotobosque y fabricación de cal y yeso.

- Tierras acotadas de uso común. Que comprendían las dehesas concejiles, los ejidos, los prados, las Marismas y las Islas (Mayor y Menor; reservadas al disfrute de los vecinos de la ciudad y de las villas guarda y collación de Sevilla). Serán éstas el origen de los bienes de propios y de algunas dehesas de particulares.

- Derechos comunales sobre las tierras utilizadas para la agricultura: la derrota de mieses. La tradición de los campesinos de beneficiarse de las hierbas y rastrojos de los campos de propiedad privada -además del uso de aguas, la obtención de leña o la práctica cinegética-, después de haberse recogido la cosecha, estaba profundamente arraigada.

***

Durante los siglos XIV y XV comenzó un proceso que sería trascendental en la historia rural andaluza: las intervenciones y privatizaciones en tierras comunales y baldías 8.

Entre 1325 y 1350, durante el reinado de Alfonso XI, la estructura de los concejos experimentará una radical mutación al ser sustituida la asamblea general de vecinos por un concejo reducido al que pasan con carácter permanente todas las atribuciones de aquélla. La implantación de este sistema de regimiento significa el triunfo del autoritarismo y centralismo monárquicos 9 y la aniquilación del poder político-militar popular 1.

Esta imposición fue aceptada sin mayores dificultades en los concejos de los reinos cordobés y sevillano 9. La reacción la llevaron a cabo los bandos nobiliarios, en pugna por el control municipal desde antes de las reformas alfonsinas. No existieron ‹‹reivindicaciones populares ni democráticas, pues el común hispalense hacía bastante tiempo que había perdido el control del concejo›› 10.

La mayoría de las incautaciones de bienes y derechos comunales que se produjeron durante el siglo XV fueron cometidas por miembros de la oligarquía local 6, vinculada a determinados linajes y monopolizadora de los cargos concejiles a raíz de las citadas reformas. En El Reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI (1312-1350), Manuel García Fernández expone que ‹‹el gobierno y la administración de los grandes concejos andaluces [ya estaban] desde principios del siglo XIV en manos de [dicha oligarquía] que facilitó la intervención de Alfonso XI››. El monarca ‹‹al designar los regidores entre hidalgos y caballeros tan sólo institucionalizaba una tendencia que venía de muy atrás [fines del siglo XIII]››. La patrimonialización de los oficios concejiles es un fenómeno característico de la segunda mitad del siglo XIV y, sobre todo, del siglo XV 10. Los jurados –teóricos representantes vecinales- aparecerán vinculados al patriciado. Éste acabará siendo vehículo de la gran nobleza para el control del gobierno municipal, que se deteriorará rápidamente en esta etapa. La monarquía impondrá sus representantes en las figuras de corregidores y asistentes, quienes acabarán consolidándose al frente de las ciudades 9.

El impulso de los señoríos, el empobrecimiento de las clases populares o el intervencionismo legislativo 10 serán otros de los “logros” de este funesto monarca.

Las tierras abiertas de aprovechamiento común fueron las que más sufrieron las usurpaciones. Sobre caminos, aguas, dehesas concejiles, ejidos e Islas Mayor y Menor también se produjeron apropiaciones ilegítimas. El impedimento del derecho comunal de la derrota de mieses fue asimismo un delito común 6.

La Campiña fue la región que más soportó el fenómeno usurpador. El Aljarafe y la Ribera, de riqueza y desarrollo agrícolas, padecieron importantes invasiones en las tierras de aprovechamiento comunal. El reducido término de la ciudad sufrió numerosas usurpaciones. La Sierra fue objeto en menor medida de pérdidas de terrenos comunales 6.

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Las comunidades de Villa y Tierra habían sido constituidas desde finales del siglo XI en ciertas zonas de los reinos de Castilla y Aragón como un libre convenio entre una población mayor y unas aldeas para poner en común el gobierno, la justicia, la organización militar, la fiscalidad, la administración y la tierra 1. Sin embargo, para el siglo XV los concejos de la tierra de Sevilla estaban sometidos al de la villa, quedando los habitantes de aquélla en evidente inferioridad respecto a los vecinos de la ciudad 6.

Las Sierras, el Aljarafe, la Ribera y la Campiña constituían el alfoz del concejo de Sevilla 6.

En Aracena y en las aldeas serranas que surgieron tras la dispersión poblacional de la zona en el siglo XIV, tras el final del período de agrupación en torno a los castillos fronterizos con el reino de Portugal, la presencia de la propiedad comunal tuvo una gran extensión, predominando los baldíos y montes de uso eminentemente ganadero. Aquí, la imagen que mejor corresponde a esta etapa es la equilibrada combinación entre usos comunitarios de la tierra y pequeña propiedad agrícola 11. Las villas solían tener al menos una dehesa boyal 12. J. Pérez-Embid Wamba señala el ‹‹apego a los ancestrales usos comunitarios›› entre los vecinos de la ruralidad serrana 13.

Una actividad importante para la economía medieval era la apicultura. Los colmenares, muy extendidos, se situaban habitualmente en espacios comunales de la Sierra Morena occidental, destacando el área de Constantina 14.

La presencia del comunal en Fregenal de la Sierra, hoy perteneciente a la provincia de Badajoz, es citada por M. Borrero Fernández 15.

En el distrito Aljarafe-Ribera se hallaba una apreciable cantidad de tierras de aprovechamiento comunal. La  mayoría de ellas se identifica con tierras de pasto, necesario para la alimentación del ganado de los vecinos, islas y marismas, montes compuestos fundamentalmente de Quercus y dehesas boyales 16. Además se empleaban para otros usos arriba citados. M. Borrero Fernández ha consignado la existencia de lagares que generalmente se trataban de ‹‹propiedades compartidas por varios vecinos›› 7. En el Campo de Tejada existía una adecuada combinación de terrenos comunales, minifundio vinícola, cultivo de cereal, apicultura y ganadería, constituyéndose en una de las zonas rurales del alfoz sevillano con una economía campesina más solvente 17. La modalidad de asentamiento de campesinos mediante carta-puebla incluía la concesión de bienes de uso común; así, la de Gatos en 1332 otorgaba a los pobladores para uso comunal el molino de aceite, propiedad del cabildo, y los montes y pastos de la aldea 9.

Al igual que en el resto de los concejos andaluces, tras la conquista se reservaron en Carmona –no comprendida en el alfoz de Sevilla- espacios incultos de aprovechamiento comunal. La Campana destacaba por la presencia de encinares, alamedas, pinares, palmares y jarales. Estos últimos de excelente valor para la crianza de abejas. Es reseñable asimismo un importante desarrollo de la caza menor en los montes carmonenses destinada al autoabastecimiento 18.

La existencia de bienes rústicos comunales en Écija –que quedaba también fuera de la jurisdicción del concejo hispalense- ha sido igualmente constatada 19.

El fenómeno asociativo, representativo de la edad media, hallará una de sus expresiones en las hermandades u organizaciones supraconcejiles, que suponían el acuerdo entre dos o más concejos limítrofes para la utilización en común de los montes, pastos y aguas de sus términos respectivos. Así, la establecida entre Sevilla y Carmona posibilitaba cortar madera, hacer carbón, recoger frutos silvestres, colocar majadas de colmenas en los jarales y cazar 9. Otro caso de aprovechamiento interconcejil de tierras comunales lo encontramos para las localidades de Marchena, Morón, Arahal y La Puebla de Cazalla, cuyos vecinos disponían de espacios mancomunados de uso forestal y ganadero 20.

Los vecinos de Morón asimismo utilizaban comunalmente el bosque de San Pablo en Montellano, de gran riqueza silvopastoril 21.

En la frontera entre los reinos de Sevilla y Granada (Banda Morisca) proliferaron espacios abiertos de aprovechamiento comunal: ganadero, cinegético, apicultor y forestal (corcho, esparto, casca…) 22.

La importancia de montes, prados y pastos en el mundo rural sevillano de la época es ponderada también por I. Montes Romero-Camacho, quien afirma que el agro ‹‹estaba formado por un conjunto armonioso [sic] de tierras cultivadas e incultas›› 23.

M.A. Carmona Ruiz se ha ocupado con detalle de la actividad pecuaria, íntimamente ligada a la agrícola, en los espacios comunales durante la baja edad media 24. En su estudio asevera que ‹‹todos los vecinos de la ciudad o villa y su alfoz podían aprovecharse de los bienes comunales de todo el territorio›› y que ‹‹la gran mayoría de los espacios incultos aprovechados por la ganadería andaluza eran de carácter comunal››. El uso común de pastos, así como de agua y madera, se estableció tanto en los términos de realengo como en los de señorío, en las tierras más alejadas de los núcleos de población. Los principales pastizales sevillanos se encontraban en las Islas y Marismas, en el Andévalo (actual provincia de Huelva) y en Matrera (hoy Villamartín, Cádiz).

Finalizamos este apartado subrayando que, según A. Collantes de Terán Sánchez, la mayor parte de las tierras extramuros de la ciudad hispalense eran de aprovechamiento comunal 25.

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El comunal ha de ser comprendido no sólo en su dimensión económica sino también axiológica, ya que se funda sobre un concepto de la vida solidario y social, en abierta oposición al egoísmo moderno que supone una verdadera escisión, una separación atómica de los hombres 26.

Por tanto, su recuperación y desarrollo demandan, como precondición moral, arrinconar el culto a lo particular como regla general de conducta y preparar al hombre para la vida colectiva. Lo que ha de realizarse al margen del entramado estatal-capitalista, el cual establece la propiedad privada y la mercantilización de la existencia como pilares del orden establecido.


Bibliografía consultada

1 Revolución en la Alta Edad Media hispana (inédito). Félix Rodrigo Mora.

2 En torno a los orígenes de Andalucía. La repoblación del siglo XIII. Manuel González Jiménez.

3 Vecindad y derechos comunales en la comarca de la Janda (Cádiz). Las Hazas de Suerte de Vejer de la Frontera y Barbate. Alberto Bernabé Salgueiro.

4 La tierra comunal en Andalucía durante la Edad Moderna. Antonio Miguel Bernal Rodríguez.

5 Investigación sobre la segunda república española, 1931-1936. Félix Rodrigo Mora.

6 Usurpaciones de tierras y derechos comunales en Sevilla y su “tierra” durante el siglo XV. María Antonia Carmona Ruiz.

7 Mundo rural y vida campesina en la Andalucía medieval. Mercedes Borrero Fernández.

8 Sobre la génesis medieval de la identidad andaluz. Miguel Ángel Ladero Quesada.

9 Historia de Andalucía. Antonio Domíguez Ortiz (director).

10 El Reino de Sevilla en tiempos de Alfonso XI (1312-1350). Manuel García Fernández.

11 Aracena y su sierra. La formación histórica de una comunidad (siglos XIII-XVIII). Javier Pérez-Embid Wamba.

12 Notas sobre la ganadería en la sierra de Huelva en el siglo XV. María Antonia Carmona Ruiz.

13 La organización de la vida rural en la sierra a fines de la Edad Media: las ordenanzas municipales de Almonaster. Javier Pérez-Embid Wamba.

14 La apicultura sevillana a fines de la edad media. María Antonia Carmona Ruiz.

15 El concejo de Fregenal: población y economía en el siglo XV. Mercedes Borrero Fernández.

16 El mundo rural sevillano en el siglo XV: Aljarafe y Ribera. Mercedes Borrero Fernández.

17 El Campo de Tejada en la Baja Edad Media. Mercedes Borrero Fernández.

18 Los bienes comunales y su papel en la economía rural de Carmona. María Antonia Carmona Ruiz.

19 Usurpación de tierras y derechos comunales en Écija durante el reinado de los Reyes Católicos: la actuación de los jueces de términos. Paulina Rufo Ysern.

20 Los aprovechamientos interconcejiles de tierras comunales. La hermandad de pastos entre Marchena, Morón, Arahal y La Puebla de Cazalla de 1501. María Antonia Carmona Ruiz.

21 El aprovechamiento de la Algaida de Cote (bosque de San Pablo, Montellano). Siglos XIII-XVI. María Antonia Carmona Ruiz.

22 Ganadería y frontera: los aprovechamientos pastoriles en la frontera entre los reinos de Sevilla y Granada. Siglos XIII al XV. María Antonia Carmona Ruiz.

23 El paisaje rural sevillano en la Baja Edad Media: aproximación a su estudio a través de las propiedades territoriales del Cabildo-Catedral de Sevilla. Isabel Montes Romero-Camacho.

24 La ganadería en el reino de Sevilla durante la Baja Edad Media. María Antonia Carmona Ruiz.

25 Sevilla en la Baja Edad Media. La ciudad y sus hombres. Antonio Collantes de Terán Sánchez.

26 Historia de la propiedad comunal. Rafael Altamira y Crevea.



La contemporaneidad: una pugna entre lo comunal y lo privado. Un ejemplo andaluz

Escrito por jesusfrancosanchez 28-03-2017 en Andalucía. Comentarios (0)

El pensamiento ilustrado y la legislación liberal se orientaron al fortalecimiento de los emergentes Estados-Nación. Para ello, la ordenación del territorio, la fiscalidad y el expolio del patrimonio comunal de los pueblos fueron elementos claves. La desarticulación del comunal se concibe como su privatización, tanto de la propiedad como de los usos, la mercantilización de sus formas de gestión y la estatalización-municipalización de los terrenos colectivos1.

Las tensiones generadas dentro del mundo rural a raíz de la privatización de bienes comunales durante el siglo XIX, especialmente a partir de la ley de 1855, se prolongarán hasta la década de 1930. Así, durante la segunda república española, sobre todo en 1933, se formularán numerosos expedientes de rescate de tales comunes. Andalucía sólo será superada por Castilla y León en la cuantía de reclamaciones. Comprendiendo además dos de los tres focos de demanda: el valle medio del Ebro, el cuadrante sud-occidental (región de Extremadura y provincias de Cádiz y Huelva) y la zona penibética (centrada en la provincia de Granada). Sin olvidar que en Córdoba y Sevilla, aunque la incidencia de reclamaciones fue menor, las privatizaciones de montes existentes en 1859 superaron el 70%. La legislación republicana en materia de rescate de dichos bienes, en la práctica, quedó en nada2.

No obstante, la forma de resistencia campesina ante la estatalización y privatización crecientes de los montes comunales que vamos a destacar aquí será la persistencia en el uso de los mismos, como afirmación de un derecho consuetudinario. Para ello nos basaremos en Privatización del monte y protesta campesina en Andalucía oriental (1836-1920), Francisco Cobo Navarro, Salvador Cruz Artacho y Manuel González de Molina, donde se estudian los casos jiennense y granadino. Lo que manifiesta la importancia del comunal en el sudeste peninsular.

Algunas de las graves consecuencias de la penetración en lo rural del Estado, la propiedad privada concentrada, la mercantilización capitalista y la salarización fueron la reconversión de las relaciones sociales, el empobrecimiento campesino y la sobreexplotación de los recursos forestales.

El deterioro de la cubierta forestal fue causado por el Estado liberal, el Ministerio de Hacienda y los municipios, sobre todo, que con su proceder fomentaban el interés privado.

Pero hubo más. El sistema integrado y tradicional de manejo múltiple de los recursos o agro-silvo-pastoril, basado en los campos abiertos y el aprovechamiento comunal, sufrió un fuerte golpe, siendo sustituido por el uso segregado de amplias superficies de cultivo agrícola. En efecto, la expansión de la agricultura fue un hecho durante el siglo XIX3. La explotación agrícola de la tierra se convirtió en la principal actividad productiva para la subsistencia.

Asimismo, las desamortizaciones se saldaron con el mantenimiento y aun con la agudización de la distribución desequilibrada de la propiedad de la tierra. Así, en 1931 la causa número uno de la propiedad concentrada era el proceso desamortizador, impulsado por el Estado, que expolió muchos millones de hectáreas a las comunidades rurales en su propio beneficio, las cuales luego fueron vendidas a particulares4.

Esta dinámica de desposeimiento de los grupos campesinos acarreó, asimismo, una capacidad limitada de abastecimiento, al depender las comunidades rurales del salariado. Así como una pérdida de diversidad, tanto cultural (p.ej. saberes tradicionales) como biológica1.

La desaparición de los bienes de aprovechamiento comunal había debilitado los vínculos comunitarios. Esta aseveración es cardinal. Pues informa del significado de la contemporaneidad peninsular: una transición (tumultuosa, larga y sangrienta) desde la sociedad convivencial popular tradicional a la sociedad competitiva y de mutua hostilidad presente3.

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El aprovechamiento de madera y leña, el carboneo, la recolección de esparto, la actividad pecuaria o la caza pasaron a estar catalogados como delito. Tales recursos, los de mayor impacto para la subsistencia, fueron afectados por la reducción de la superficie aprovechable, por la progresiva consolidación de la propiedad privada y estatal sobre el suelo. Los derechos y bienes colectivos fueron puestos progresivamente fuera de la ley5.

Los vecinos continuaron con sus tradicionales usos como medida de resistencia a perder los aprovechamientos comunales. La titularidad de frutos y provechos había sido concedida a los ayuntamientos por la administración forestal en la década de 1860. Tales instituciones enajenaban los esquilmos y sobrantes del monte en pública subasta, procedimiento que cimentó una red clientelar.  La réplica popular fue extraer los bienes antes de su venta.

En las décadas de 1870 y 1880 se produjo el grueso del expolio. Etapas de implantación de las medidas liberales en las que, precisamente, tuvo lugar un mayor grado de conflictividad.

Esta persistencia cotidiana en el uso del monte, fuente tradicional de subsistencia, fue perseguida con ahínco por el Estado, que mostraba un deseo de castigar las infracciones de un modo bastante riguroso. En 1876 se encomendó a la Guardia Civil la guardería forestal de todos los montes públicos en exclusividad. Y en 1900 se crea una guardería forestal auxiliar. La combinación de reformas liberales y represión estatal condujo a que los “delitos forestales” conocieran un incremento inusitado, cuando aún se desamortizaban montes públicos y otros bienes de titularidad vecinal.

La defensa del uso y de la titularidad vecinal de los montes se llevó a cabo, generalmente, al margen de organizaciones sindicales. Éstas sólo se dieron en Granada en 15 de los 88 pueblos que tenían superficies forestales de titularidad pública, con anterioridad a la II república. La acción sindical, como medio de protesta y reivindicación a través básicamente de huelgas y manifestaciones, comenzó a tener protagonismo entre campesinos y jornaleros a partir de 1914. No por ello el acceso a la tierra mediante la devolución o restitución del patrimonio comunal de los pueblos dejó de considerarse la aspiración máxima, por delante de la fragmentación de las grandes propiedades.

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Las clases populares pretendían mantener sus tradicionales sistemas de reproducción social ante la creciente intromisión del Estado. Por tanto, su mentalidad y acción eran de naturaleza defensiva y conservadora; carecían de un programa y una estrategia para el derrocamiento del ente estatal y el logro de un orden social cualitativamente superior6.

Aun así, la resistencia popular de entonces es una muestra de dignidad de la que aprender hoy, cuando existe el convencimiento general de que vivimos en el mejor de los mundos posibles.

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1La desarticulación de la propiedad comunal en España: siglos XVIII-XX. Una aproximación multicausal y socioambiental a la historia de los montes públicos, Antonio Ortega Santos.

2Esperanzas de rescate. Pugnas en torno a los derechos de propiedad comunal en los montes españoles, 1931-1936, Iñaki Iriarte Goñi y José Miguel Lana Berasain.

3En la segunda mitad del siglo XVIII se promulgó una serie de disposiciones legislativas encaminadas a fomentar por todos los medios posibles la agricultura. Una introducción al control y desarrollo de la labranza por parte del Estado para ejercer sus proyectos de dominación y de competición con otros estados en Naturaleza, ruralidad y civilización, Félix Rodrigo Mora.

4Investigación sobre la II República española, 1931-1936, Félix Rodrigo Mora. Andalucía aportó el 16% de las fincas vendidas en España, lo que supuso casi la cuarta parte del valor total de las ventas. Estos datos tomados de El ser andaluz, Manuel Clavero Arévalo.

5La construcción del nuevo régimen liberal se sustentó, entre otras medidas, en el sufragio censitario, que otorgaba el derecho de voto al 5% de la población, aproximadamente. Ni siquiera, por tanto, en lo meramente formal de las prácticas electorales de partidos políticos puede ser calificado aquél de democrático. En Historia contemporánea de Andalucía, Juan Antonio Lacomba, se expresa la percepción que tenía el campesinado andaluz de la política legal: equivalía a control caciquil, ausencia de democracia y expropiación de tierras.

6La democracia y el triunfo del Estado. Esbozo de una revolución democrática, axiológica y civilizadora, Félix Rodrigo Mora.


Las Hazas de Suerte

Escrito por jesusfrancosanchez 06-03-2017 en Andalucía. Comentarios (0)

Sinopsis del libro Vecindad y derechos comunales en la comarca de la Janda (Cádiz). Las Hazas de Suerte de Vejer de la Frontera y Barbate, Alberto Bernabé Salgueiro. 2006.

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Hasta el año 1938 los municipios de Vejer de la Frontera y Barbate, al sur de la comarca de la Janda en Cádiz, formaron una misma unidad administrativa. Estas localidades ‹‹aún conservan los mejores ejemplos de aprovechamientos colectivos de toda la provincia››, las Hazas de Suerte, tradición que ha pervivido gracias a su capacidad adaptativa.

Siguiendo a Nieto, el comunal sería definido como ‹‹aquellos bienes colectivos reglados por normas de carácter consuetudinario o leyes escritas que otorgan toda una serie de derechos sobre tales bienes a un número limitado de vecinos que, tradicionalmente, se ha venido denominando común de vecinos […], rechazado por la técnica romanista en cuanto carente de personalidad, y sustituido por el municipio en cuanto personalidad jurídica››; y su origen en España surge, ‹‹fundamentalmente, como consecuencia de las tareas repobladoras que tuvieron lugar durante la reconquista […], como forma ordinaria, incluso, de los aprovechamientos agrarios››. Para Costa, ‹‹la propiedad comunal ha existido desde la antigüedad en la Península Ibérica››. Así, pervivieron ‹‹determinadas formas indígenas›› tras la conquista romana; también tras la invasión goda, y tras la llegada de los musulmanes a la Península ‹‹la propiedad comunal no desapareció, siendo muy importante en la etapa califal››. Para nuestro caso, la repoblación durante los siglos XIII y XIV será el ‹‹origen de los privilegios que el pueblo de Vejer ostentará en el futuro››.

El autor se lamenta de la escasez de ‹‹trabajos antropológicos sobre bienes colectivos en Andalucía››. Ya que ‹‹el debate científico sobre el mundo rural [andaluz] ha obviado los bienes comunales››. Éstos, se ha postulado, han desaparecido, prácticamente, desde fines del siglo XIX, a raíz del proceso desamortizador del estado liberal. Para Bernal, se produjo una ‹‹destrucción sistemática de la documentación municipal por parte de la oligarquía agraria para evitar reivindicaciones sobre los bienes comunales por parte de los jornaleros››. Para González de Molina, ‹‹las primeras reivindicaciones jornaleras y de los pequeños agricultores en el siglo XIX no demandaban el reparto de la tierra, sino que exigían la devolución de los comunales enajenados››. En suma, es necesario incluir los bienes y derechos comunales dentro de ‹‹la compleja estructura del campo andaluz››.

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En el estudio de la peculiar naturaleza comunal de las Hazas de Suerte de Vejer de la Frontera, ‹‹una institución con más de quinientos años de existencia››, Bernabé diferencia entre:

1.  propiedad o titularidad:

‹‹pertenecen al colectivo vecinal de Vejer y no a su Ayuntamiento››. Y ello a pesar del ‹‹considerable esfuerzo que la ciencia del derecho ha llevado a cabo en España para imposibilitar la existencia legal de la propiedad vecinal››. Es más, una indagación histórica concluye de forma ineludible que el Estado y las diferentes administraciones “públicas” han sido responsables de ‹‹dilapidar, malvender y esquilmar la mayor parte›› de los bienes colectivos. Así, el Ayuntamiento barbatense ‹‹tuvo mucho que ver en la expropiación de gran parte de sus hazas comunales››.

La vecindad, considerada como derecho y no como contigüidad espacial, es, por tanto, una noción fundamental para el acceso a los bienes comunales. Supone un ‹‹principio de inclusión positiva para los miembros de [un] grupo y de exclusión para otros colectivos circunvecinos››. No es ‹‹una institución de carácter igualitario›› pues ‹‹no todos los vejeriegos tienen la posibilidad de ser vecinos de hazas y no todos los vecinos tendrán las mismas garantías de acceso y disfrute de dichos bienes››.

Una característica de la institución vejeriega es ‹‹su fuerte adscripción masculina››, no habiendo contemplado generalmente ‹‹a la mujer como válida representación del derecho vecinal››. En 1996 se reformó el reglamento con objeto de igualar ‹‹el derecho de las mujeres al de los hombres en la titularidad de los bienes comunales›› pero como el padrón de inscritos de dicho año fue elaborado con anterioridad a la reforma, tal derecho no será efectivo hasta 2040-2050, fecha de agotamiento del padrón vigente y de creación de uno nuevo.

2. gestión:

el órgano gestor es la denominada “Junta de Hazas”, compuesta por ‹‹todos los miembros del consistorio e igual número de vecinos, a la cabeza de la cual se encuentra el Presidente, que no es otro que el Alcalde››. La presencia vecinal es imprescindible para ‹‹frenar cualquier tipo de manipulación política o de otra índole››.

Existe un reglamento rector desde 1868. Los cargos son ejercidos por 4 años, ‹‹tomándose como referencia los años bisiestos, en los que se producirá el sorteo››, que ha tenido lugar ‹‹tradicionalmente entre los vecinos de Vejer desde la Baja Edad Media››. De hecho, en la presentación del acto se tiene la costumbre de hacer ‹‹una exposición pública sobre el origen de estos bienes comunales, remontándose al año 1250››.

Hasta 1868 los vejeriegos empleaban ‹‹unas normas no escritas, consuetudinarias, para organizar el disfrute, uso, gestión y control de las tierras comunales››. La plasmación por escrito de tales reglas orales en el primer reglamento obedeció a la posibilidad de perder los bienes comunales debido a ‹‹los procesos desamortizadores›› y a ‹‹la profunda separación entre lo vecinal y lo municipal››. Ello no ha sido óbice para continuar respetando ‹‹la costumbre y los usos tradicionales››, como el diálogo y el intercambio de juicios.

Han sido varios los reglamentos formulados desde entonces. Reseñamos dos cuestiones en su evolución:

a) a partir de 1948 se acometió ‹‹un cambio radical en la concepción tradicional de las Hazas de Suerte, dando la posibilidad a los asentados de hazas de convertirse en colonos de por vida […], con posibilidad de transmitir dicha posesión de padres a hijos››;

b) sucesivos ataques a ‹‹la independencia vecinal››, especialmente manifiesta desde 1992, cuando ‹‹la institución comunal acepta en su articulado la legislación administrativa y considera como demaniales estos bienes, decisión que consideramos que puede ser un error histórico, ya que aceptar esta formulación jurídica implica otorgar la propiedad de los bienes comunales al municipio››. Sucede ‹‹un mayor control y poder de la institución por parte de su presidente y alcalde de la localidad››, y un exceso formal y legislativo.

También a partir del año 1868 se constituye la citada “Junta de Hazas”, fórmula encontrada por los vecinos para formar parte de ‹‹ese órgano de administración y poder local, el Ayuntamiento››, y así proteger sus bienes comunales, pues según la legislación vigente no podían celebrarse ‹‹los antiguos cabildos a puerta abierta››. Esta dualidad de la “Junta de Hazas”, ‹‹ser Ayuntamiento y ser vecinos››, otorga especificidad a estos bienes comunales.

3.  aprovechamiento:

‹‹conviven dos formas […] el reparto de rentas [ya regulado en el primer reglamento para su disfrute cuatrienal, que han de ser satisfechas, en especie o en metálico, por los poseedores-trabajadores de las tierras comunales] entre vecinos con derecho a ellas y el reparto de tierras por lotes o suertes entre vecinos-agricultores [que pasarán a ser colonos o asentados de hazas]››.

Esta figura del asentado ‹‹a perpetuidad›› surge a mediados del siglo XX, también como mecanismo de protección de las tierras comunales, debido a que grandes arrendatarios ‹‹pagaban una suma de dinero elevada (o en especie) a los vecinos agraciados en los sorteos de hazas››, práctica que excluía a un número importante de jornaleros y campesinos del trabajo de la tierra.

Un haza es ‹‹una porción de tierra de labranza destinada al cultivo de secano [siendo la base el trigo y la remolacha, y en menor medida se siembran cebada, habas y garbanzos]››, de disposición alargada y 12,5 hectáreas de media. Normalmente el haza se divide en tres partes: una primera, de menor tamaño que ocupa la tierra menos fértil, se dedica al ganado; las otras dos, de igual tamaño, reservadas al cultivo y al barbecho, en alternancia. La disposición alargada permite que ‹‹todo el mundo coja tierra buena y mala››.

Las Hazas de Suerte no han sido ajenas a la mecanización, aplicación de sustancias químicas y capitalización. Ni a la dependencia externa, radicada actualmente en ‹‹las subvenciones a la producción establecidas por la CEE con respecto al trigo y en las ayudas a la ganadería vacuna por hectárea de terreno››. El cultivo de la remolacha es igualmente dependiente, en este caso de ‹‹las empresas azucareras, en un manejo oligopolístico en el que imponen sus precios y ofertan los contratos a los asentados››.

Pero estos asentados participan también de ‹‹una economía campesina››. Utilizan, según convenga, la integración en la economía de mercado o ‹‹una economía de autoconsumo o de intercambios limitados al ámbito local››. Recurren a la ‹‹denominada economía sumergida o informal para complementar sus rentas salariales››: trato de ganado entre particulares, compraventa de productos agrícolas sin el control preceptivo del mercado, prestación de servicios y trabajos remunerados sin contratos ni seguros, utilización de mano de obra ilegal (preferentemente del propio ámbito familiar), actividades marginales de recolección, caza furtiva… Prácticas que no son ‹‹ni más ni menos que la realización de actividades económicas tradicionales no regladas ni controladas por el actual sistema››. Lo que prima es ‹‹la supervivencia y la reproducción social del grupo doméstico››. Si el haza es el único recurso productivo que se posee, ‹‹el asentado que la lleve en arriendo la abandonará tarde o temprano››.

Así, un componente básico definidor del campesino vejeriego es ‹‹el recurso a los sistemas de cooperación y ayuda mutua››, que vienen establecidos por la vecindad y el parentesco, y que giran ‹‹en torno a la posesión de algún predio comunal como elemento o medio de producción permanente o recurrente››. Sistemas que actualmente ‹‹están muy transformados y en franca regresión›› debido a la intromisión estatal y capitalista (subvenciones, innovaciones tecnológicas, seguros agrícolas y especialistas que ‹‹se encargan de realizar tareas antes efectuadas por los miembros del grupo doméstico o por las mallas de ayuda››).

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En Vejer sigue activa la participación social para el mantenimiento de las Hazas de Suerte, ‹‹al contrario de lo que ocurre en Barbate, en donde no sólo se ha perdido casi todo su patrimonio comunal, sino que su importancia a nivel social y vecinal es poco relevante››. Aquí será la corporación estrenada en 1938 y no la “Junta de Hazas” quien decida los asuntos tratados sobre las tierras del común, que ‹‹serán trabajadas mayoritariamente por vejeriegos››. En Vejer ‹‹no existe una pérdida en la memoria colectiva de sus habitantes con respecto a las hazas como la ha habido en Barbate››. Uno de los argumentos de la segregación de ésta de su matriz fue ‹‹su idiosincrasia marinera frente a los campesinos vejeriegos››. Si bien, la actividad agropecuaria en dicho municipio ‹‹ha tenido y tiene una gran relevancia››. Pero ante la crisis pesquera, ‹‹estamos asistiendo en Barbate a un proceso de sustitución y búsqueda de nuevas identidades colectivas, de nuevos recursos económicos, de nuevos elementos ideológicos››.

Esta institución comunal, ‹‹lejos de perder importancia a lo largo de la historia, ha sido y es actualmente uno de los símbolos de identificación de los vejeriegos, que se han mostrado, incluso violentamente, contrarios a cualquier tipo de enajenación de tales propiedades››. Ha resistido a la presión señorial del Antiguo Régimen y a los envites desamortizadores del siglo XIX.

Su futuro ‹‹pasa por mantener [en equilibrio de fuerzas] la dualidad›› representantes vecinales-municipales.