Ética, Dignidad y Autogestión

Andalucía

Bienes comunales en la comarca de la Sierra (Huelva), siglos XIII-XX. Una revisión bibliográfica

Escrito por jesusfrancosanchez 23-03-2018 en Andalucía. Comentarios (0)

Bienes comunales en la comarca de la Sierra (Huelva), siglos XIII-XX. Una revisión bibliográfica.


¿La época de mayor esplendor en Andalucía o la manipulación mental?

Escrito por jesusfrancosanchez 01-03-2018 en Andalucía. Comentarios (0)

La coerción jurídico-legal, la represión policial-militar, el cobro forzoso de tributos y el monopolio en la difusión de ideas y valores son algunos de los procedimientos empleados por el Estado para ejercer su razón de ser: dominar.

Quienes comulguen con los mensajes que el sistema dicta como ciertos y adecuados serán premiados, entre los que cabe citar a profesionales de la “información”, escritores, profesores, integrantes de la industria del ocio y el espectáculo, médicos… Quienes no, quienes disientan y propongan alternativas transformadoras por opuestas y superadoras de lo establecido, serán excluidos. Lo propio de un régimen totalitarista. Eso sí, enmascarado con el discurso huero de la democracia, los derechos y demás palabrería.

Emite Canal Sur TV, uno de los voceros mediáticos de la sucursal del Estado en Andalucía, unas imágenes a propósito de la celebración institucional del 28-F en las que un alumno de la escuela primaria repite una de las consignas que le inculcan en clase, siguiendo en este caso la interpretación histórica de Blas Infante (el padre de la patria andaluza, ¿quién será la madre? Tal vez pronto el feminismo del statu-quo dilucide esta cuestión), que Al-Ándalus fue la época de mayor esplendor en Andalucía.

¿Cuál era el estatuto de la mujer, los homosexuales y los ateos en Al-Ándalus? ¿Existía esclavitud? ¿Había procedimientos democráticos para la toma de decisiones sobre el gobierno de la vida toda? ¿Cuál era la distribución de la propiedad de la tierra? ¿Supuso la invasión islámica una ruptura a mejor civilizatoriamente con respecto a periodos anteriores? ¿En qué condiciones laborales se construyeron los edificios que hoy son objeto de devoción (y fomento institucional) turística? ¿Cuál era la situación del campesinado y, en general, de las clases populares? ¿Cuál la del medio natural? ¿Qué ocurría, en relación a los anteriores asuntos, en las zonas peninsulares no islamizadas?

Tomemos el voluminoso texto “Historia general de Andalucía”, de José Manuel Cuenca Toribio, que da respuesta a algunas de las interrogantes.

Unas clases dominantes y hegemónicas impusieron su ‹‹ley de hierro›› a la masa de la población. Aquéllas, las de la corte emiral y califal, tenían ‹‹un elevado tono de vida››, con ‹‹afán de lujo y ostentación››.

El régimen se apoyaba en la ‹‹fuerza desnuda›› de un ejército permanente; en la fiscalidad (la monetización era ‹‹un agente estatal››); y en la centralización burocrática, siendo la ciudad base de la división administrativa, y proscribiendo ‹‹toda soberanía local y regional››.

Los mercaderes comerciaron con esclavos, por ejemplo con ‹‹la mercancía femenina de los mercados de esclavos de Córdoba, Sevilla, Almería…››. La condición de la mujer ‹‹apenas sí sobrepasó el de reproductora de la especie››.

Se disciplinó el trabajo campesino para hacerlo ‹‹más productivo y sistemático››.

‹‹El hilo conductor que nos guía con más fiabilidad es aquél que no fija solución de continuidad sustancial en el régimen de propiedad de la tierra por los duques y seniores visigodos e hispanorromanos y el de los árabes, que establecieron el sistema latifundista […] El dominio de la tierra se convirtió, al paso de los días, en propiedad pura y simple de la aristocracia árabe y de la influyente oligarquía siria››. En esto, como en todo lo esencial, ‹‹la España [sic] arabizada seguía siendo la misma España goda, trocado uno por otro invasor››. Continuidad que ha de ser llevada hasta la dominación romana.

La tradición jurídica andalusí se caracteriza por el ‹‹conservadurismo››. La literatura es ‹‹fundamentalmente aristocrática››, despreciadora de la popular.

En cuanto a realizaciones materiales, salvo alguna que otra ‹‹arquitectónica o viaria de cierta entidad […] Roma perdura en Córdoba hasta el fin del Califato››.

Cuenca Toribio admite ‹‹el grado de autonomía y democracia de los concejos castellano-leoneses de los siglos XI y XII››. Cita a Claudio Sánchez-Albornoz, para quien la condición jurídica de las clases populares de los reinos norteños se basaba en ‹‹el respeto a sus propios y recíprocos derechos››, su ‹‹sentido y valor de la libertad política›› y su organización en ‹‹municipios libres››, batalladores por la limitación de la autoridad regia. Un criterio similar es el de Nicolás Tenorio y Cerero en “El concejo de Sevilla”: los concejos de Castilla significan ‹‹la emancipación del estado llano›› y son ‹‹instituciones verdaderamente libres››.

Por tanto, nos preguntamos, ¿cómo es posible que de una sociedad, la no sometida al dominio islámico, acostumbrada al servilismo feudo-estamental, como se nos ha contado, surjan el comunal, el concejo abierto o el derecho consuetudinario?

La implantación con facilidad en el sur peninsular del regimiento o concejo cerrado que sustituye a la asamblea decisoria de vecinos durante la baja edad media, aunque hubo resistencia en la Alta Andalucía, se debió de una parte a la inexistencia de una tradición democrática previa que mantener y, de otra, a las condiciones de reflujo civilizatorio (crecimiento de la corona y mengua del pueblo en los territorios peninsulares no islamizados) en que acontecen los procesos de conquista, repoblación y repartimiento andaluces.

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Hay que señalar la tristísima función desarrollada por los trabajadores asalariados del periodismo. Han quedado reducidos a meros correveidiles de los poderes establecidos. El éxito profesional, el lucro, la fama o simplemente una nómina han desbancado a la verdad y a la honradez.

Pero no menos corresponsables son los papás y las mamás, al delegar las tareas educativas en los mercenarios del Estado social. Se ha de reivindicar y poner en práctica la autogestión del conocimiento y la resistencia frente a la manipulación planeada por el ministerio de educación y otros agentes de la uniformización mental. Para ello será imprescindible dedicarse al estudio, la reflexión y al trabajo de conversión interior y abandonar los pasatiempos banales y las metas burguesas de comodidad material.


Felipe II, gran violador de la propiedad comunal en Andalucía

Escrito por jesusfrancosanchez 13-02-2018 en Andalucía. Comentarios (0)


“¡Ay de aquella edad sencilla!/Agora todo es maldad/ en la más pequeña villa”. ‹‹El Alcalde de Zalamea››, Lope de Vega.

“La soledad es finitud y limitación; la comunidad es libertad e infinitud”. Ludwig Feuerbach.

“Ante todo, amor humano y solidaridad han de ser las bases fundamentales de la sociedad futura”. Federico Urales.


Los trabajos de David E. Vassberg ‹‹La venta de tierras baldías: el comunitarismo agrario y la corona de Castilla durante el siglo XVI›› y ‹‹Tierra y sociedad en Castilla. Señores, “poderosos” y campesinos en la España del siglo XVI››, que utilizamos aquí, han posibilitado conocer la importancia de la propiedad comunal en los territorios de Castilla en el siglo XVI.

El campesinado, fundamento de la sociedad castellana, sufrió un proceso de enorme impacto: la venta de tierras baldías, una de las más destacadas fuentes financieras de la hacienda real de Felipe II (1556-1598). El reinado de este monarca fue el tercer gran hito del desenvolvimiento del Estado castellano, luego español, tras la aprobación bajo el mandato de Alfonso XI del Ordenamiento de Leyes en 1348 que instaura el concejo cerrado como forma de gobierno, y el obrar imperialista, inquisidor y opresor de los pueblos peninsulares de los Reyes Católicos. Felipe II proporciona un nuevo impulso al ente estatal, dotándolo de un aparato funcionarial relativamente bien estructurado y de un fuerza militar que se aproxima a un ejército permanente. Con él tiene lugar el apogeo del colonialismo de la corona de Castilla (1).

Los baldíos solían ser terrenos de monte con una densidad de vegetación variable destinados a muy diferentes usos, siendo el más típico el pastoreo. Junto a otras tierras y bienes disponibles para el aprovechamiento comunal sostenían la ganadería y la agricultura y eran la clave de la estructura social y económica de la vida rural de Castilla desde la época medieval, en un complejo sistema de dominio público del campo y sus frutos. Hasta el punto que en la mayoría de los lugares una gran parte o incluso la totalidad de las tierras pertenecían a la comunidad de vecinos y no a individuos particulares. Es más, la propiedad particular en Castilla estuvo sujeta al disfrute colectivo de los rastrojos y la vegetación espontánea según la costumbre de la derrota de mieses, una combinación de derechos comunales y privados adecuada a la relación de complementariedad (y no de antagonismo) existente entonces entre la agricultura y la ganadería. Estas actividades se integraban asimismo con el empleo de los bosques, cuya extensión superaba con creces a la actual.

Dentro de la categoría “propiedad municipal” el escritor tejano incluye, de una parte, los terrenos comunales (ejidos, dehesas, cotos, prados, “entrepanes”, montes, tierras de labranza) y los baldíos, ambos de libre y gratuita utilización vecinal y, de otra, los propios, pertenecientes a la municipalidad en tanto que ente jurídico, esto es, bienes de propiedad privada del gobierno local que habitualmente se arrendaban para cultivo o pasto. Esta distinción, al parecer, no se produjo durante la Alta Edad Media, lo cual sería un indicador del empuje que conoció lo popular en aquellos siglos, al gestionar desde el concejo abierto la totalidad de los bienes comunales. No obstante, en la práctica tal diferenciación podía ser muy vaga. Otros derechos y recursos de propiedad comunal eran la madera, la leña y el carbón vegetal, la caza y la pesca, las hierbas medicinales, el corcho, los frutos, las verduras silvestres, las abejas y las flores para su sustento, las aguas, el esparto, el rebusco y el espigueo, etc. Además, medios de producción como molinos, fraguas, aserraderos, hornos… formaban parte de los bienes del común.

Vassberg asevera que durante la Reconquista y Repoblación de Castilla la propiedad comunitaria se fortaleció y recibió importantes sanciones legales, cualquiera que fuera su origen. ¿Cuál fue éste? Según Félix Rodrigo Mora en ‹‹El derecho consuetudinario en Navarra, de la revolución de la Alta Edad Media al Fuero general››, contenido en ‹‹Derecho pirenaico››, VVAA.: “El comunal es mencionado profusamente en los documentos a partir del siglo X y sabemos que no existía antes de mediados del siglo V, por tanto tuvo que ser constituido en ese lapso de tiempo, justamente la Alta Edad Media. La expropiación del latifundio vasco-romano y su conversión en comunal fue una revolución social clásica, bien reconocible”.

El sistema comunitario existía tanto en las poblaciones jurisdiccionalmente señoriales como en las realengas. Al ser tenido en sus múltiples formas (una de ellas el uso intercomunal, entre municipios, muy difundido, llegándose a constituir confederaciones poblacionales) como altamente beneficioso y ser defendido por ende con ardor durante siglos, conoció a mediados de aquella centuria una situación de pleno apogeo en Castilla. Era intenso el sentimiento popular de apego a dicho sistema, así como el de inviolabilidad. Estaba considerado como una parte esencial de la sociedad hispánica.

Sobre esta propiedad comunal Felipe II cometerá violaciones de tales proporciones que las anteriormente realizadas resultarán insignificantes, siendo difícil hallar una parte de Castilla que escapara de las ventas durante su reinado. Antonio Cabral Chamorro en ‹‹Propiedad comunal y repartos de tierras en Cádiz (siglos XV-XIX)›› expone: “Más temible que la usurpación de tierras por los señores y poderosos fue la embestida de la monarquía”. Igualmente, María Antonia Carmona Ruiz en ‹‹Usurpaciones de tierras y derechos comunales en Sevilla y su “tierra” durante el siglo XV›› afirma que el retroceso de los bienes comunales se acentuará notablemente durante los siglos XVI y XVII “mediante otros métodos mucho más contundentes, como la venta y el arrendamiento de las tierras baldías”.

Para el sostenimiento de la política imperial y de “la propia estructura de la Hacienda estatal” (Cabral Chamorro), las medidas sobre venta de baldíos afectaron no sólo a las tierras sino también a arbolado, colmenares, pozos… que eran, como se ha mencionado, igualmente comunales. En toda transacción primó el beneficio del erario ya que el objetivo era exclusivamente obtener ingresos, muy necesarios para el delicado momento fiduciario de la Hacienda. También se pusieron a la venta oficios concejiles, títulos de nobleza e hidalguía, rentas, jurisdicciones, licencias… En expresión de Cabral Chamorro, “el país entero fue puesto en almoneda”.

Las ventas comenzaron en 1550, aumentaron gradualmente hasta llegar a su momento álgido en 1580 y decayeron sensiblemente a partir de la década de 1590.

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En la región andaluza (2) la venta de tierras baldías originó la mayor riqueza pecuniaria para la Corona, junto a la efectuada en los Campos de Zamora y Valladolid y las tres provincias centrales de Toledo, Madrid y Guadalajara. Concretamente, los lugares y sus correspondientes porcentajes sobre el total de ventas fueron: Jaén (17,55), Córdoba (9,15), Málaga (8,76), Sevilla (7,65), Cádiz (4,40) y Granada (1,88). Por lo que estas seis provincias aportaron casi el 50% de los ingresos de la Corona.

El caso de Cádiz ha sido analizado por Cabral Chamorro, quien se ocupa también de la erosión padecida por los comunales durante los siglos XVII y XVIII (3), bajo el epígrafe La voracidad de la hacienda austriaca y borbónica. Expone varias conclusiones: la monarquía obtuvo sustanciosos ingresos; las comunidades locales retuvieron los patrimonios a costa de endeudarse y de privatizar su uso, esto es, una parte importante son convertidos en bienes de propios y arbitrios (estos últimos, de inicial carácter temporal, se tornaron crónicos en muchas ocasiones); y los concejos municipales presionaron y se rebelaron ante la tentativa de la aristocracia de ejercer su opción de compra de baldíos. La operación durante la segunda mitad del siglo XVI no abarcó al conjunto de la provincia sino que se desarrolló esencialmente sobre Jerez y Arcos, lo que significó el 88,17% del total de ventas gaditanas. Además, en estas dos poblaciones y en localidades de la sierra norte se utilizó la amenaza de venta como mecanismo para allegar recursos monetarios a la hacienda real.

De la venta de baldíos en Antequera y Málaga, en los años 1576 y 1581 respectivamente, se ocupan Juan Jesús Bravo Caro y Mercedes Fernández Paradas en ‹‹La venta de baldíos en la Andalucía del Quinientos: las reformaciones de Junco de Posada››. Tras señalar la significación económica, social, política y ecológica de las tierras municipales, concluyen que aquel proceso tuvo como importantes consecuencias: la enajenación de una gran extensión de tierras comunales, el perjuicio de los grupos sociales más desfavorecidos, la contribución al incremento de grandes patrimonios territoriales, la creación y consolidación de un número muy elevado de medianos y pequeños propietarios, la expansión de la actividad agrícola (por ejemplo, del viñedo en el alfoz malagueño) en detrimento de la ganadería, el deterioro del monte arbolado y el paso a manos privadas de una proporción considerable del patrimonio rústico público.

¿Hubo resistencia contra la venta de baldíos? Sí. Desde muchos sectores sociales y bajo múltiples formas (4). Cabral Chamorro estima que ésta debió de existir, aunque admite que en la documentación manejada la oposición detectada fue escasa. Las Cortes de Castilla, según Vassberg, actuaron como un freno para las ventas y matizaron su alcance.

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Para Cabral Chamorro la presión fiscal de la monarquía, al conducir al arrendamiento de fincas comunales o a la imposición de censos sobre las mismas, transformó el espacio productivo de los pueblos, dinamitó las comunidades rurales, aceleró la polarización social y la proletarización y, en consecuencia, la lucha de clases. Por su parte, el autor norteamericano enjuicia asimismo como un factor relevante de ruina para la economía rural castellana la venta de baldíos (5), al resultar en una transferencia masiva de fondos del campesinado a la Corona.

Este fenómeno, junto al de acotamiento o cerramiento, reflejaba la expansión de la propiedad privada a expensas de las antiguas costumbres comunitarias. En efecto, el siglo XVI fue testigo de una creciente corriente de individualismo económico. Según Mercedes Borrero Fernández (6), a finales del siglo XV y principios del siglo XVI “nace una sociedad adquisitiva en la que domina el espíritu de ganancia”.

La erosión de la propiedad colectiva debilitó la cohesión social de las comunidades aldeanas. En este sentido, Rodrigo Mora, que pone el énfasis en la naturaleza meta-económica y civilizatoria de los bienes comunales, señala que los daños fueron principalmente de tipo convivencial y espiritual (7).

Si la economía tradicional se basaba en la autosuficiencia productiva, la nueva agricultura lo hará en la monetización y la mercantilización (se puede citar el valle del Guadalquivir como ejemplo notable). Esto será un factor de opresión del campesinado. La expansión de las zonas de cultivo fue posible, en gran parte, mediante la usurpación de los dominios públicos.

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Pero el sistema comunitario, observa Vassberg, estaba profundamente arraigado como para ser erradicado en poco tiempo. Aunque la tendencia general durante los siglos de la época moderna había sido la privatización de la tierra, no será hasta la desamortización decimonónica (la cual reveló la existencia de numerosas municipalidades en donde la totalidad del territorio seguía siendo de propiedad colectiva) realizada por el Estado liberal cuando la propiedad comunal sufra un golpe definitivo.

Argumenta Rodrigo Mora (8) que el proceso desamortizador revistió un carácter político y axiológico, más que económico. El Estado, para avanzar en su robustecimiento, debía liquidar a su oponente, la comunidad popular rural. La extinción de los bienes comunales es uno de los puntos del amplio programa del ente estatal para alcanzar la victoria sobre el pueblo. Lo que logrará de forma completa en la segunda mitad del siglo XX.

Notas

(1) Consultar ‹‹Hacia una historia del Estado en “España”››, capítulo XXIII de ‹‹El giro estatolátrico. Repudio experiencial del Estado de bienestar››, Félix Rodrigo Mora.

(2) La distinción entre “Andalucía” (reinos de Jaén, Córdoba y Sevilla) y “reino de Granada” se extiende desde finales del siglo XV hasta la división provincial del siglo XIX, aunque desde el siglo XVI el término “Andalucía” se referirá a la totalidad de la realidad física y humana que hoy continúa designando. ‹‹El español hablado en Andalucía››, Antonio Narbona, Rafael Cano y Ramón Morillo.

(3) Afirma Antonio Miguel Bernal Rodríguez en ‹‹La tierra comunal en Andalucía durante la Edad Moderna›› que la transformación de la propiedad comunal en tierras municipales de propios o en propiedad privada tuvo lugar durante los siglos XVI, XVII y, “más aún, durante el siglo XVIII”. A pesar de lo cual una parte no bien cuantificada del patrimonio comunal de Andalucía consiguió alcanzar las desamortizaciones.

(4) Las ventas se reanudaron en el siglo XVII. En ‹‹Venta de baldíos y tensión social en Andalucía a mediados del siglo XVII›› José Calvo Poyato señala que en la mayor parte de los lugares donde se pusieron al cobro las tierras baldías sus moradores se consideraron agraviados y, por tanto, las protestas surgieron “por todas partes”. Ciñéndose a continuación al caso de Córdoba, relata que en ésta en 1645 se generó un ambiente que se ha denominado como prerrevolucionario. En dicha ciudad se celebró un cabildo abierto donde se puso de manifiesto el profundo malestar existente entre las clases populares por la venta de baldíos, pues tal acción suponía la ruina de muchas personas. Los vecinos defendían que aquellos terrenos habían sido de aprovechamiento común desde tiempo inmemorial.

(5) Otro fue el sistema tributario.

(6) En ‹‹Mundo rural y vida campesina en la Andalucía medieval››.

(7) Ver ‹‹Naturaleza, ruralidad y civilización››.

(8) Ídem (7).


Montes comunales estatalizados y privatizados. Los casos de Cúllar y Zújar

Escrito por jesusfrancosanchez 02-02-2018 en Andalucía. Comentarios (0)

Los bienes comunales de estos municipios (1) situados en la granadina comarca de Baza sufrieron el intervencionismo estatal y municipal a partir del siglo XVIII, concretado en privatización, restricción de uso campesino y manejo comercial.

Este patrimonio colectivo, del cual se hacía un empleo múltiple en tanto que sistema agrosilvopastoril, proveía a las comunidades rurales de recursos energéticos y nutricionales. Además, este uso consuetudinario de los montes comunales se basaba en mecanismos de solidaridad y ayuda mutua. Aseveración que permite colegir la naturaleza meta-económica y civilizatoria del régimen comunal señalada por Rodrigo Mora (2). Asimismo, González de Molina concluye que la posesión de tierras y derechos en común era el fundamento material de fuertes lazos de familiaridad, vecindad, amistad y cooperación en muchas zonas de Andalucía (3).

Desde la segunda mitad del siglo XVIII es posible documentar un alto nivel de deforestación y de ampliación de los terrenos de cultivo en Cúllar. Tradicionales aprovechamientos campesinos como la recolección de madera pasarán a tener el estatuto de delitos, al situarse fuera de la legalidad institucional. A la presión de los grandes propietarios se sumará la presión estatal durante los siglos XVIII (construcción de barcos) y XIX (diferentes episodios desamortizadores). Lo que conforma un proceso histórico de transferencia de tierras públicas hacia manos privadas y de desarrollo de la producción agrícola en detrimento del uso comunal.

Los montes comunales de Zújar fueron sometidos a un intenso proceso de explotación comercial desde 1860, centrado en las subastas del esparto. De modo que la lógica de la subsistencia cedía ante la del beneficio. Esta orientación mercantil-industrial del comunal subordinó al campesinado a la salarización (y estacionalidad del trabajo) en torno a la recolección del esparto. Igualmente la “delincuencia forestal”, esto es, la persistencia en el uso de los bienes comunales como afirmación de un derecho consuetudinario, pasó a ser un método de protesta campesina (4). El incendio y el “robo” serán otros procedimientos de lucha contra las subastas de esparto. Las recolecciones (ya consideradas hurtos) de esta planta para imposibilitar su explotación lucrativa son descritas no como meros actos individuales sino como invasiones masivas de jornaleros, siendo muchas de las consignadas lideradas por mujeres, las cuales se erigían en eje de la frontal oposición de la comunidad rural a la privatización de uso del monte. Ello es un indicador, añadimos, de la unidad de las clases populares ante los atropellos de entes ajenos. La valía de la persona y su amor por una vida autónoma hubieron de ser la raíz de tal cohesión.

¿Qué consecuencias medioambientales tuvo el auge de la forma comercial de manejo del monte? La acentuación del carácter xerofítico-semidesértico de estos espacios mediterráneos. Y ello por la potenciación del monocultivo forestal y de plantas arbustivas, así como por la destrucción de la cubierta arbórea.

Para Ortega Santos, la “tragedia de los comunales” ha de ser entendida como un proceso combinado de transformación de la titularidad jurídica y de los modos de uso de aquéllos. Por nuestra parte anotamos que la desarticulación del comunal es uno de los puntos esenciales de la estrategia ofensiva del Estado durante la contemporaneidad para alcanzar una potestad absoluta sobre el cuerpo social.

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(1) Las siguientes líneas están elaboradas a partir del artículo ‹‹Montes comunales en sociedades mediterráneas: modos de uso de los recursos naturales en Andalucía oriental, siglos XVIII-XX››, Antonio Ortega Santos.

(2) En ‹‹Investigación sobre la II República española, 1931-1936››.

(3) Consultar ‹‹La historia de Andalucía a debate I. Campesinos y jornaleros››.

(4) Ver ‹‹Privatización del monte y protesta campesina en Andalucía oriental (1836-1920)››, Francisco Cobo Navarro, Salvador Cruz Artacho y Manuel González de Molina.



La expansión de lo urbano es la contracción de lo civilizatorio

Escrito por jesusfrancosanchez 20-12-2017 en Andalucía. Comentarios (0)


La conversión durante la segunda mitad del siglo XX de diversos pueblos de la comarca sevillana del Aljarafe, de una extensión territorial aproximada de 1.700 km2, habitada actualmente por más de 300.000 almas y situada en la margen derecha del Guadalquivir, en un apéndice de la gran urbe ejemplifica la dinámica de dominación y destrucción propia del entramado estatal-capitalista de la modernidad última. Municipios como Camas, San Juan de Aznalfarache, Mairena del Aljarafe, Tomares, Bormujos o Castilleja de la Cuesta han sido transformados en espacios sin identidad, meras colonias de “la gran Sevilla”, unas monstruosidades atestadas de urbanizaciones, automóviles, centros comerciales, polígonos y ciudadanos alóctonos, entregados al par producir-consumir. La ciudad, en su expansión, afea y destruye paisajes, y transfiere habitantes y modos de vida a unas localidades tradicionalmente agrarias.

Pasarlo bien, adquirir mercancías, hacer turismo, tener un buen trabajo asalariado, deleitarse en el fisiologismo, demandar más y más Estado de bienestar o encajar dócilmente las consignas difundidas por el sistema son algunos de los rasgos y metas de los hombres y mujeres medios de la metrópoli y su aglomerada área. Una vulgar uniformización de mentes y conductas lo enseñorea todo. La vinculación entre masificación, heteronomía, homogeneización, deshumanización, egotismo y atomización es abordada por Heleno Saña en “Breve tratado de ética”.

Aunque el fenómeno urbanizador ha tenido una incidencia máxima en el sector oriental de la comarca, la extensión de la aberrante cosmovisión de la vida de ciudad ha alcanzado a todos los pueblos a través de los variados medios de adoctrinamiento: escuela, televisión, cine, publicidad, prensa, radio. En efecto, la anulación de diferencias se ha producido no sólo en el medio sino también en sus habitantes.

Franquismo y constitucionalismo (denominado democracia por ingenuos y por quienes desean salvaguardar sus carreras profesionales) en este asunto, como en tantos otros esenciales, han mostrado ser continuistas. Ello es comprensible pues la Transición fue una adaptación del Estado a las condiciones del momento, internas y externas, una actualización de las formas de dominación de unas minorías ensoberbecidas sobre el conjunto, una vez que el fascismo resolvió el orteguiano “problema de España”. Estamos, en primer lugar, ante un hecho político: para el crecimiento del poder de las élites la diseminación en áreas rurales de la población peninsular, una realidad hasta bien entrado el siglo XX, suponía un serio obstáculo. Y, sobre todo, la superioridad moral y cultural del hombre de campo sobre el de ciudad (1). El desarrollismo del régimen de Franco tuvo un fiel retoño en el progresismo de los partidos políticos de signo izquierdista atrincherados en las instituciones antipopulares. Operaciones como la Exposición Universal de 1992 contribuyeron al salto hacia delante de la ciudad.

Y ello con la anuencia del común de las personas. Quienes apoyaron la salida constitucionalista, parlamentarista y autonomista del franquismo, y quienes han asumido como deseables, propios y verdaderos los valores y metas voceados por los correveidiles del sistema deberían someterse a un severo ejercicio de reflexión y estudio encaminado a la corrección del comportamiento y la emancipación de la conciencia.

La facultad de la plutocracia de administrar vidas ajenas encuentra en la megalópolis el lugar donde concentrarse: organismos gubernamentales, grupos financieros y mediáticos, tribunales de derecho positivo, sedes policiales y militares…

Por tanto, ¿qué posibilidades tiene la democracia sin comillas y sin adjetivos, esto es, la ejercida por la gente corriente en asambleas soberanas, de desarrollarse en una gran urbe? (2) ¿Y qué otras el desempeño de una economía comunal, de autoabastecimiento y consumo mínimo? ¿Y cuáles la libertad civil? ¿Y cuántas la libertad de conciencia? ¿Y cómo puede regenerarse la biosfera con multitud de seres humanos habitando hacinados en reducidas porciones del territorio?

Los reproductores de mensajes gratos al orden vigente de dictadura política, económica e ideológica, bien remunerados en su proceder, jamás cuestionan los fundamentos del mismo, tales como la existencia del Estado, la partitocracia y el parlamentarismo, el hedonismo y la felicidad como aspiraciones, la medicina farmacológica e industrial o la vida en las grandes ciudades. Sobre este último asunto el estrés y la contaminación del aire son elevados a problemas decisivos, a sobrellevar con medidas blanditas como practicar yoga o limitar el número de vehículos circulantes. Ello silencia lo cardinal: la gran urbe es indispensable al conjunto de poderes para ejercer su tiranía.

Una vez desenmascarada la retórica de lo “avanzado y tolerante” del cosmopolitismo, el multiculturalismo y la diversidad, nos encontramos con una magna operación para culminar la sociedad de los individuos en serie, quebrar los elementos positivos sobrevivientes de la cultura popular (vínculos familiares y comunitarios, cooperación, dignidad, lenguas, saberes…) y allegar servil mano de obra barata inmigrante. Para megadominar.

La contraofensiva holística y popular, individual y colectiva, superadora por civilizadora, de los modos de ser, pensar y actuar prevalecientes que demanda el siglo XXI, entendemos que ha de contener entre sus objetivos el de habitar en poblaciones reducidas, regidas por asambleas soberanas, relacionadas entre sí y en contacto con el medio natural.


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  1. Rafael Altamira en “Historia de la propiedad comunal” afirma que los integrantes del mundo rural han sabido, en los momentos más tristes para la libertad personal, mantener, defender y hasta imponer su autonomía y propio valor. Es por ello que allí enraizaron y se extendieron los bienes, usos y costumbres comunales. La urbe, el comercio, la industria y también algunas profesiones han transitado generalmente por otro camino, siendo poderosos medios de individualización.

  2. El concejo abierto sobrevivió en las aldeas a la acción contrarrevolucionaria de Alfonso XI en el siglo XIV, que establecía el regimiento o concejo cerrado como forma política.