Ética, Dignidad y Autogestión

Aprovechamientos vecinales y desamortización en Almonte

Escrito por jesusfrancosanchez 19-05-2017 en Andalucía. Comentarios (0)

‹‹Ocurre, no pocas veces, que el proceso mutacional engendra situaciones regresivas››. Heleno Saña.

El discurso historiográfico dominante ha proyectado una imagen de la Andalucía rural caracterizada por diversas patologías propias, como el burdo binomio señores-vasallos o el atraso económico y cultural 1.

Ello silencia experiencias valiosas. Tan necesarias hoy.

La reduccionista concepción de un sur peninsular latifundista salpicado de minifundios funcionales se verá complicada y enriquecida por la emergencia de una Andalucía campesina, ‹‹donde la propiedad colectiva, los aprovechamientos vecinales, la pequeña explotación agrícola o ganadera, la pluriactividad, etc., reflejan estrategias de supervivencia de un número muy significativo de individuos que superan la condición de meros jornaleros›› 1.

A finales del denominado Antiguo Régimen existía en Andalucía ‹‹una cantidad considerable de tierra de carácter comunal›› 1. Los bienes y usos colectivos, de aprovechamiento libre, gratuito y regulado 2, ‹‹desempeñaban una tarea esencial›› 1.

El proceso desamortizador ejecutado por el Estado liberal en el siglo XIX tuvo efectos de una ‹‹extraordinaria magnitud›› 1 para el campesinado. El artículo 2º de la ley Madoz de 1855 exceptuaba de la venta aquellos bienes que eran de aprovechamiento común 3. No obstante, el comunal en Andalucía quedó reducido a aproximadamente la mitad 1. Veremos luego, para el caso almonteño 4, cómo se procedió a su despojo y privatización.

Al expolio de los terrenos forestales vino a sumarse, con la ley de Montes de 1863, ‹‹la privatización de uso de dichos patrimonios›› 1. Lo que condujo a la subasta y explotación de los distintos esquilmos; práctica generalizada especialmente en Andalucía oriental y Cádiz 1.

Ambos procesos privatizadores, del suelo y de los aprovechamientos, ‹‹fueron especialmente intensos en el sur de España›› 1.

Cabe suponer que dicho fenómeno de privatización de las tierras públicas fue, no sólo después de 1855, sino también antes ‹‹bastante intenso›› 1 en Andalucía, especialmente en las provincias occidentales. Así, Cabral Chamorro sitúa en un lugar secundario para la provincia gaditana la desamortización de Madoz, por detrás de los repartos de tierras llevados a cabo desde mediados del siglo XVIII hasta la primera mitad del siglo XIX 2.

Lo que hizo la ley de 1855 fue acabar con los repartos como vía de enajenación e imponer ‹‹las ventas en pública subasta como la forma más importante de reducción a propiedad particular del patrimonio municipal›› 1. La “redención de censos” que posibilitaba el acceso a la propiedad a precios inferiores a los del mercado, las “roturaciones arbitrarias” de tierras de Propios y las “enajenaciones fraudulentas” constituyeron otros procedimientos en los que participaron ‹‹el pequeño y mediano campesino, aunque otra cuestión fue su supervivencia›› 1.

La Reforma Agraria, de matriz regeneracionista, se constituyó a partir de finales del siglo XIX en la única vía de “redención de Andalucía”, según propagandistas de partidos y sindicatos de izquierda y anarquistas, y algunos intelectuales y técnicos. Pero ‹‹¿por qué no se reivindicó antes de esas fechas? Precisamente porque la subsistencia campesina dependía en mayor medida de los bienes comunales y del acceso estable a los repartos anuales de suertes de Propios que de la fragmentación de la gran propiedad›› 1. A partir de entonces se experimentarán altos niveles de conflictividad, resistencia y protesta social *, reprimidas con celo por la Guardia Civil, en las que el deseo de gran parte del campesinado de un retorno al colectivismo será una cuestión decisiva 5.

La campesinización se fundamenta no sólo en el tamaño de las fincas o el aporte predominante de mano de obra, sino también en ‹‹la existencia de fuertes vínculos de solidaridad trabados alrededor de los bienes comunales […], la actitud de resistencia a la penetración de los valores capitalistas, la fuerza del parentesco o la vecindad en las relaciones socioeconómicas, la experiencia reivindicativa en defensa de la comunidad […], las pautas identitarias propias de una cultura oral y agraria, de una cosmovisión muy diferente de la urbana y letrada, la posesión de una lógica distinta a la del lucro…›› 1.

*Durante la II República española, ‹‹no se produce la esperada devolución al pueblo de sus antiguos comunales, ni el reparto de los latifundios del Sur. Todo discurre de tal forma que casi nada cambia entre 1923 y 1940››. Ojeda Rivera, nota bibliográfica 4.

El trío privatización-deforestación-agricolización supuso la ‹‹quiebra del sistema agrosilvopastoril o de uso múltiple del suelo, con graves consecuencias para la ganadería y los nutrientes del suelo, lo que terminó por reducir los límites de subsistencia del campesinado›› 1.

Las reformas liberales se orientaron a convertir la propiedad en privada absoluta y ‹‹a remover cuantos obstáculos se oponían al libre desarrollo del interés individual›› 1.

De ello resultó un remozado y fortalecido aparato estatal, una clase burguesa pujante y unas clases populares notoriamente debilitadas 6.

*

En las dos últimas centurias Almonte ha experimentado profundos cambios, antropológicos, socioeconómicos y paisajísticos.

Para Domínguez Ortiz el mundo rural del siglo XVIII ‹‹funciona como un microcosmos››, donde se simultanean ocupaciones como el cultivo, la caza, la pesca, el acarreo, el artesanado, etc.

Este “agrosistema tradicional” se ejecutaba en gran medida en Almonte sobre las 2/3 partes de la superficie municipal, ‹‹de propiedad, o al menos, de uso público››. Este espacio de todos los vecinos lo componían los baldíos del común, las ‹‹generosas›› marismas, las dehesas y pinares del Concejo y también el coto de Doñana que, aunque de jurisdicción señorial, fue puesto en duda por ‹‹la consideración popular››. Cabral Chamorro informa del vigor de la comunidad campesina en la defensa de su existencia económica y autonomía administrativa 2. Ojeda Rivera señala el ‹‹enfrentamiento abierto›› entre la población almonteña, según las circunstancias históricas, y el estado señorial de Medina Sidonia.

Los bosques de pinos, alcornoques, encinas, acebuches, moreras, álamos, sauces, sabinas, enebros…; los matorrales de brezos, jaguarzos, lentiscos, aulagas, cantuesos…; los pastizales y los charcos o caños marismeños ofrecían una diversidad de recursos.

Las actividades pastoriles proporcionaban carne y leche.

La corta de madera de alcornoque o encina se empleaba para la construcción de ruedas de carretas, arados o yugos; la de pino para la cubierta de viviendas o la elaboración de muebles; la de sauce para la fabricación de toneles o sillas.

Los frutos de los árboles (piñones, bellotas, acebuchinas) se destinaban a la alimentación, tanto humana como animal; el corcho o casca de las quercíneas a la artesanía de curtidos y la confección de colmenas.

Por su parte, el matorral o monte bajo proveía de eneas, cañas, juncos, castañuelas y bayuncos para la construcción de chozas; de almajos, materia prima para la elaboración de jabón o sosa; de jaguarzos y brezales, fuente principal de combustible de los hornos de pan; y de cepas y leñas para el carboneo.

En estos montes se asentaban también colmenares.

Esta área, gracias a su variedad de biotopos, la confluencia Atlántico-Mediterráneo y la estacionalidad del régimen hídrico, entre otros factores, se conformaba como un formidable cazadero. Apareciendo además buenas reservas de pesca. Una ‹‹gran despensa proteínica›› constituida por venados, conejos, ánsares, gansos, patos, huevos…

Los almonteños no se limitaron a una ocupación exclusiva. Conocían y aprovechaban todos los recursos que el medio podía ofrecerles. Fueron capaces o no necesitaron ‹‹territorializar y hacer productiva la mayor parte de la superficie municipal con que contaban››. Las actividades de ‹‹predación y recolección›› las compaginaban con el trabajo en la agricultura como jornaleros, colonos o minifundistas. Aquí la estructura de la propiedad se perfila más igualitaria que en otros municipios de la Baja Andalucía, como son los de las campiñas sevillana y cordobesa. ‹‹El dominio de lo disperso y lo pequeño se convierte en característica fundamental››, salvando ‹‹la gran importancia de los bienes comunales y concejiles›› y los ‹‹extensos predios de la nobleza››.

Propietario

Porcentaje del territorio

Secular

8-12%

Eclesiástico

3-6%

Duque

19-20%

Propios

4%

Comunal

61%

*

En 1785 el párroco de la villa de Almonte describía así las áreas baldías: ‹‹Tiene la mayor parte de su término poblada de montes bajos con variedad de árboles derramados como son alcornoques y acebuches y el monte bajo de jaguarzos, ahulagas, lentiscos, madroños… Tiene varias dehesas de alcornoques, encinas y una gran parte de pinares, que unos y otros sirven para los Reales Arsenales de S.M… La dehesa de la Rocina, que tendrá de latitud nueve millas y de ancho un tiro de fusil, cuya arboleda se compone de fresnos, sanguinos, álamos negros y blancos, alcornoques, parrales y otras variedades de matas muy frondosas y esta arboleda está regada por una gran ribera… y en los extremos o distancias hay unos grandes charcos profundos donde se crían varias especies de peces como son anguilas, galápagos, barbos y otros…››.

Al contrario de lo que acontecía en el valle del Guadalquivir, ‹‹donde los bienes públicos se privatizaron en su mayoría en fechas anteriores a Madoz››, tanto en Almonte como en localidades próximas como Aznalcázar o Hinojos, ‹‹se constata la fuerte presencia actual de tierras concejiles, como también se observa en municipios serranos de Huelva, Sevilla y Córdoba››.

Los baldíos descritos por el cura, de tradicional aprovechamiento común, muy aptos para el pastoreo e incluso para el cultivo, fueron desamortizados, a pesar de la exclusión a la que estaban sujetos, como se dijo *, debido a que sobre ellos había recaído algún tipo de arbitrio.

Si bien anteriormente estos terrenos colectivos fueron objeto de injerencia por el Estado en su política naval y de repartos por el concejo almonteño, no tendrá lugar ‹‹un fenómeno de profundas repercusiones›› en el municipio sino a raíz de la desamortización de 1855.

‹‹Los perdedores en el proceso serán los jornaleros, colonos y pequeños propietarios que, además de no contar con medios económicos para adquirir terrenos en las subastas desamortizadoras, son desposeídos de sus tradicionales espacios de uso común››.

*En 1860 se exceptuarían además, por razones de “utilidad pública”, ‹‹aquellos montes cuya especie arbórea dominante sea el pino, el roble o el haya y que cubran una extensión de al menos 100 Ha››, y que engrosarán los “propios”.

Por la ‹‹falacia de la arbitración›››› fueron puestas en venta más de 51.000 hectáreas de baldíos de uso comunal, cifra muy superior, por cierto, a las afectadas por la desamortización eclesiástica, que oscilan entre 500 y 2.000. La aplicación de las medidas liberales propiciará una ‹‹aparente paradoja, según la cual dejan de existir los baldíos de uso comunal, exceptuados de desamortización, y aumentan considerablemente los terrenos concejiles o de propios, objetivos directos de dicha ley››.

TIERRAS CONCEJILES Y COMUNALES. COMPOSICIÓN Y EVOLUCIÓN (1854-1951). En Ha.

1854

1881

1901

1925

1951

Concejiles o “propios”

Dehesas

1.819

435

-

-

-

Pinares

1.038

1.156

10.769

2.046

2.336

Montes y marismas

1.916

10.120

-

7.715

7.482

Colonias agrícolas

549

807

-

978

1.021

Baldíos comunales

51.592

-

-

-

-

Por tanto, pasan a manos del ayuntamiento unas 8.000 ha de comunal; son vendidas (destacando entre los compradores algunos potentados como Ibarra o Medina Garvey) unas 25.000, de las cuales el Estado franquista recuperará el 84% a partir de 1940, permaneciendo el 16% restante en manos privadas; en torno a 18.000 quedarán en posesión del Estado entonces liberal.

*

La pérdida en Almonte a partir de 1855 de los baldíos comunales, convertidos ‹‹en grandes fincas cerradas a todo posible uso gratuito››, supondrá ‹‹un encorsetamiento de pequeños agricultores y jornaleros que, acostumbrados a contar con aquellas tierras para rozar, cazar, predar y obtener los suplementos necesarios para sostener sus economías familiares, se ven constreñidos a sus pequeñas parcelas o a sus jornales eventuales››. La ‹‹agudización de las contradicciones sociales›› y las ‹‹reapariciones periódicas de agitaciones campesinas›› en estas áreas, menos proclives al ‹‹dualismo social››, se relaciona, sin duda, con el fin de los baldíos comunales que habían constituido ‹‹la mejor válvula de seguridad para el sistema social tradicional››. Las clases populares percibieron aquellas ventas ‹‹como un despojo o abuso de autoridad del nuevo Estado››, que ‹‹resultaba bastante más duro y con menos elementos dulcificadores de las desigualdades sociales que el viejo sistema estamental››. Las roturaciones, legales e ilegales, de tierras de propios para la cobertura de necesidades primarias, serán ‹‹una fórmula de defensa ante las agresiones del nuevo sistema social clasista››. Durante todo el primer tercio del siglo XX se llevaría a cabo una ‹‹labor de subordinación política del campesinado››, procurando que ‹‹no perdieran su carácter de jornaleros››.

El equilibrio existente durante el Antiguo Régimen ‹‹entre zonas agrícolas y espacios naturales en la relación sociedad-medio›› se quebrará. Los habituales ‹‹espacios plurifuncionales›› se transformarán en ‹‹áreas monoproductivas››. La repoblación forestal con pinos y eucaliptos llevada a cabo por el Estado, mediante el cuerpo de ingenieros de montes, afectará a unas 30.000 hectáreas en el municipio onubense; su madera abastecerá ferrocarriles y minas. El bosque dejará de tener un valor de uso (comunal) para convertirse en valor de cambio.

El ‹‹igualitarismo y uso comunal›› y ‹‹los pequeños y medianos propietarios›› serán sacrificados. Se consagrará la concentración de la propiedad de la tierra.

A pesar de los muchos aciertos, Ojeda Rivera yerra en la motivación de fondo: ‹‹los planteamientos de la burguesía sobre organización del espacio parten de una necesidad, la de alimentar a la población creciente››. Más bien, el propósito último de la desamortización civil es ‹‹aumentar de manera radical el poder de intervención y mando del Estado, por sí y a través de la desintegración de la comunidad popular rural, que era su adversario principal al operar como un efectivo contrapoder que en lo político, jurídico, administrativo, ideológico y económico limitaba de forma notoria la potestad y regalías del artefacto estatal, bloqueando o dificultando su expansión ulterior›› 6.

Desde la década de los 60 del siglo XX, la ordenación del espacio municipal almonteño ha caminado ‹‹hacia la progresiva consolidación de cinco unidades paisajísticas netamente diferenciadas y muy desconectadas entre sí››. Esta especialización zonal comprende: agrícola de ruedo tradicional, nueva agricultura de regadío en arenas, forestal repoblada, ganadera, y natural y de ocio (Doñana y playas).

*

La interpretación de la temporalidad del hombre y de la historia en un sentido ascendente y apologético es refutada por los sucesos de los dos últimos siglos. La teoría del progreso es profecía y abstracción, elaborada al margen de la realidad. Giambattista Vico, situándose en una perspectiva diametralmente opuesta, divide la historia en un proceso alternativo de fases ascendentes y fases descendentes 7.

La experiencia muestra que la naturaleza última de los acontecimientos es decisionista; un decisionismo, eso sí, imperfecto, normalmente entremezclado con elementos de necesidad y de azar. Pues la praxis humana no opera en el vacío: nuestra libertad es finita y está siempre sujeta a condiciones 6.

Bibliografía consultada

1 La historia de Andalucía a debate. Volumen II. El campo andaluz. Manuel González de Molina (editor).

2 Propiedad comunal y repartos de tierras en Cádiz (siglos XV-XIX). Antonio Cabral Chamorro.

3 Historia de la propiedad comunal. Rafael Altamira y Crevea.

4 Los datos e informaciones sobre la localidad onubense tomados de Organización del territorio en Doñana y su entorno próximo (Almonte). Siglos XVIII-XX. Juan Francisco Ojeda Rivera.

5 Investigación sobre la II República Española, 1931-1936. Félix Rodrigo Mora.

6 La democracia y el triunfo del Estado. Esbozo de una revolución democrática, axiológica y civilizadora. Félix Rodrigo Mora

7 Breve tratado de ética. Una introducción a la teoría de la moral. Heleno Saña


Ilustrados y liberales contra la vida comunal

Escrito por jesusfrancosanchez 01-05-2017 en Recuperando la historia. Comentarios (0)

Del libro Una riqueza inmensa casi abandonada. Los comunales y la revolución liberal en la alta Andalucía, Luis Carlos Navarro Pérez, es posible extraer conocimientos valiosos. Uno de ellos, el que se va a intentar expresar en las siguientes líneas, revela el general acuerdo de los integrantes de la intelectualidad ilustrada y liberal sobre varias cuestiones necesarias para dar cumplimiento a la razón de Estado:

i)  la dominación del ente estatal sobre el pueblo,

ii)  la destrucción de los usos y la propiedad comunal de los vecinos,

iii)  el desprecio de la ética,

iv)  el desarrollo de la gran propiedad,

v)  el fomento de la agricultura, y

vi)  la penetración del individualismo en el cuerpo social.

El germen ideológico de las transformaciones hay que buscarlo en los escritos de Jovellanos. El Informe de la Sociedad Económica de Madrid al Real y Supremo Consejo de Castilla en el expediente de la Ley Agraria, extendido por su autor en nombre de la junta encargada de su formación, 1795, influirá ‹‹la organización de la sociedad española de la primera mitad del siglo XIX››, la cual se realizará sobre ‹‹bases diferentes››. Para los dirigentes liberales el texto será ‹‹libro de cabecera››.

El discurso individualista del prohombre ilustrado (1) va a antagonizar con una sociedad que ‹‹en una gran mayoría sigue otra política aún regida por principios morales››. Lo que anuncia el choque entre utilidad particular y bien común, entre Estado y Pueblos, tan característico de la historia contemporánea peninsular.

Jovellanos, y posteriormente los teóricos liberales, sostendrá como ‹‹realmente prioritario […] la defensa a ultranza de la propiedad particular››. Pero no es meramente un cambio de titularidad lo que se plantea. Así, formula el prócer asturiano: “la desigualdad de condiciones tiene muy saludables efectos. Ella es la que pone las diferentes clases del Estado en una dependencia necesaria y recíproca”.

Para el desarrollo de la agricultura, otro de los objetivos perseguidos, la propiedad colectiva así como los usos y costumbres comunitarios ‹‹serán vistos como los estorbos más importantes››, pues el agro ha de basarse en el interés privado. Las actividades productivas, ‹‹antes variadas y multifuncionales››, resultarán agricolizadas con la ejecutoria liberal.

La doctrina de Adam Smith marcará el Informe de Jovellanos. Aquélla establece que la dirección de la economía política se seguirá ‹‹prescindiendo de cualquier consideración de tipo moral››.

La parte más extensa del citado Informe se dedicará a ‹‹exponer la necesidad, por un lado, de convertir en propiedad particular las tierras que venían empleándose de forma colectiva y, por otro, de acabar con las prácticas comunales que limitaban los derechos de los propietarios individuales››.

Resultaba imprescindible finiquitar las “bárbaras costumbres que tanto menguan la propiedad individual” y derogar el “vergonzoso derecho que en ciertos tiempos y ocasiones convierte la propiedad particular en baldíos”. La propuesta jovellanista consistía en que todo debía estar “cerrado sobre sí”: tierras de labor, prados, huertas, viñas, olivares, selvas y montes.

Jovellanos en su Informe suscribe ‹‹la mayoría de las opiniones de sus predecesores en el Memorial ajustado… [sobre establecimiento de una Ley Agraria, 1784], y muy especialmente la de P. de Olavide [para quien “lo que es de todos no se disfruta bien por nadie” y “los pobres no tienen interés mayor que hallarse en medio de una Agricultura grande”], referidas a la propiedad de la tierra y a la libertad del tráfico comercial y a rechazar cualquier propuesta que significara protección de los derechos de los colonos o de los usos y prácticas comunales››.

Vayamos con los ‹‹publicistas liberales››.

Éstos, calificados también por Navarro Pérez como ‹‹intelectuales del régimen››, ocuparon ‹‹en bastantes casos responsabilidades de Gobierno›› y reprodujeron lo manifestado por Jovellanos, ‹‹casi con los mismos términos y descalificaciones››, en torno a ‹‹la propiedad pública no privatizada››.

La política del Estado liberal desde las Cortes gaditanas se definirá ‹‹por un código netamente individualista››. Ya el decreto del 8 de junio de 1813 se apresura a “proteger el derecho de propiedad” y a dar respaldo al fomento de la agricultura y ganadería “por medio de una justa libertad en sus especulaciones”. Seguirá, además, ‹‹punto por punto la recomendación de Jovellanos sobre cerramientos y contratos agrarios››.

Eusebio María del Valle, catedrático de Economía Política de la Universidad de Madrid, escribe en 1846 en el prólogo a la traducción al castellano de la obra de Malthus Ensayo sobre el principio de la población, lo siguiente: “En tiempos de desgracias, los ricos propietarios, los grandes capitalistas, son la Providencia para los pobres”. El modelo a seguir será el de la gran propiedad; los liberales en este aspecto continuaban a ‹‹sus predecesores ilustrados››. Por tanto, tampoco fueron proclives a ‹‹llevar a cabo repartos de la tierra de forma igualitaria y generalizada […] salvo en algún período concreto de especiales características revolucionarias que apenas si llegarán a hacerse efectivos››.

En un artículo publicado en torno a 1853 en Diccionario de Agricultura Práctica y Economía Rural, que ‹‹recoge lo que podría ser la línea oficial del pensamiento agrario›› y entre cuyos redactores y colaboradores figuraban directores de revistas agrarias, ingenieros de montes y ‹‹personajes influyentes por sus puestos políticos de diputados y senadores o el desempeño de cátedras universitarias››, se señala como “un gravísimo mal” la división de la propiedad y como solución “poner todas esas propiedades en una sola mano”.

Lucas de Olazábal en 1861 asegura que “el aprovechamiento común es, pues, el blanco, o mejor dicho el negro que se ha de herir en el proyecto de ley. Pero cuidado que hay que herirle bien, porque sus raíces son seculares y fuertes” (2).

Manuel Colmeiro dos años después repite ‹‹los argumentos de los ilustrados y, especialmente, de Jovellanos sobre las tierras concejiles y baldías››, y sobre la necesidad de consagrar el derecho de propiedad para la existencia y florecimiento de la agricultura. Prosigue el elogio para unos y el insulto para otros: “cuando las personas acaudaladas huyen del campo, la agricultura desfallece sin remedio, porque ningún socorro puede recibir de gente rústica y miserable”.

También por las mismas fechas que Colmeiro, Fermín Caballero se mostrará si cabe ‹‹más beligerante en sus juicios contra el mantenimiento de los bienes en poder de la comunidad››. Los pobres sólo obtenían de los comunales “algunas cargas de leñas inútiles y el poder soltar un burro a que dé cuatro bocados”. La comunidad era ‹‹la causa de que ni la agricultura ni la población agrícola lleguen a desarrollarse›› y, sobre todo, ‹‹una institución peligrosa en el nuevo orden social que había que erradicar››, pues ‹‹suponía un semillero de malos hábitos laborales e ideas disolventes contra la propiedad››: “nuestras clases pobres han mamado ideas perniciosas acerca del cultivo, del trabajo y del derecho de propiedad”. Con el cerramiento de los campos, la venta de los montes y la desaparición del sistema agrosilvopastoril, ‹‹el mediano propietario agrícola, su ideal, iba a disponer de una mano de obra abundante y también más disciplinada›› (3). Denuesta “el apego que los lugareños tenían a vivir en pueblos, [donde están] los parientes, los amigos en continua comunicación”. La presencia de terrenos de uso comunal permitía ‹‹la no dependencia exclusiva del salario y, en consecuencia, la eventualidad de no someterse a una disciplina laboral que era sentida como extraña a la comunidad››. Caballero, por tanto, vitupera una forma de vida, comunitaria y con un alto de grado de autoabastecimiento, que se situaba en las antípodas de lo que demandaban el Estado y el Capitalismo.

‹‹La visión de Fermín Caballero sobre los comunales no es excepcional, sino que forma parte de un amplio estado de opinión››.

José Echegaray, ministro y dramaturgo, proponía en 1872 la “sustitución del disfrute confuso, irregular, demoledor y primitivo del suelo” por la propiedad individual, “germen de todo progreso, garantía de todo orden y correctivo eficacísimo contra esta especie de socialismo campesino”.

Francisco de Cárdenas realizará una ‹‹defensa acérrima de los derechos de propiedad individual (las colectivas no son sino la suma de derechos individuales) sin ninguna limitación››. En Ensayo sobre la propiedad territorial en España anota: “ciertamente no conviene al Estado que la dotación de los pueblos consista en bienes raíces: mejor es que estos bienes se hallen en manos de particulares, que suelen hacerlos más productivos”. Si bien no era partidario de ‹‹que se vendieran los bienes de propios de los municipios››, sus argumentos ‹‹son de un talante netamente conservador […], el mantenimiento de dichos bienes era una forma de proteger la propiedad ya constituida por el temor a que tantas transformaciones acabaran convirtiendo el derecho de propiedad en algo ilusorio››. Las ventajas de la gran propiedad eran superiores a las de la pequeña. Esa concentración de la tierra en pocas manos era para Cárdenas, como para tantos otros, sinónimo de Poder. Sobre este fundamento ‹‹deberían asentarse las instituciones››.

El discurso a favor de la gran propiedad será el más difundido en la ‹‹publicística›› liberal ‹‹por consideraciones de orden político y social, más que por su eficacia productiva››. Aunque según Jovellanos y los liberales después, el monte y los espacios incultos eran “un inútil recurso de los miserables”. Más bien, el patrimonio comunal (4) representaba “el pan de los pobres, su mina, su fondo de reserva, diríamos el Banco de España de las clases desvalidas y trabajadoras, [permitiéndoles] dentro de cierto límite, rechazar las imposiciones de los patrones” (Joaquín Costa). En cualquier caso, lo que se pretendía por ilustrados y liberales no era ‹‹mejorar la utilización de los bienes de la comunidad en beneficio de la mayoría, sino justificar su desaparición en provecho de los menos››.

Junto a la doctrina y la legislación positiva (5), un auxilio que ‹‹ningún publicista olvidará […] pedir a los poderes públicos›› para lograr la ‹‹rápida transformación›› del binomio ‹‹ganadería extensiva-derechos comunales›› en el de ‹‹agricultura-privatización total de la tierra›› será ‹‹el ejercicio de la fuerza››. Entre los medios represivos a emplear, Manuel Colmeiro considera la idoneidad de “una buena policía rural”, y Fermín Caballero la del “establecimiento de una guardia rural, regimentada a semejanza de la guardia civil, o ampliando ésta en la forma más adecuada al servicio que tiene que llenar”.

*

Concluimos. Navarro Pérez afirma (página 96) que muchos de los escritos liberales, tanto procedentes de instituciones del Gobierno (6) como de publicistas, tienen el propósito no sólo de ‹‹la individualización o privatización de las extensas superficies››, sino también y ‹‹quizá primordial, de crear las condiciones para el sometimiento y dependencia de la población campesina››.



(1) Sobre las nefastas consecuencias, materiales e inmateriales, de la aplicación del ideario de este alto funcionario del Antiguo Régimen y lo imperioso, por tanto, de romper con tal cosmovisión, véase La democracia y el triunfo del Estado. Esbozo de una revolución democrática, axiológica y civilizadora, Félix Rodrigo Mora.

(2) “Todos miraban estas pertenencias como propiedad común, creyéndose que los frutos de la tierra eran propiedad de todos y para todos”. Recogido en la Instrucción dada a los Gobernadores Civiles por el Ministerio de Comercio, Instrucción y Obras Públicas en 1850.

(3) Navarro Pérez alude muy acertadamente al trabajo asalariado como instrumento de control. Lo que se logra mediante la asignación de un valor productivo al tiempo y la creación de un hábito de sumisión. Para E.P. Thompson, frente a los variados quehaceres de la agricultura familiar, el trabajo industrial de tareas repetitivas y alienantes “aherroja la inteligencia para refinar el tacto y automatiza al hombre para avasallarlo a las obras”. Consultar en este sentido La condición obrera, Simone Weil.

(4) De él se obtenía: ‹‹pastos, tanto para el mantenimiento de la ganadería de labor como de la de renta y carne; camas para los animales y provisión de abonos; leñas y maderas para combustible de los hogares y la mayor parte de las actividades artesanales, desde el alfarero y el herrero al calero, etc., sin olvidar su utilización como materia prima de otros procesos productivos como la construcción de viviendas y de aperos; caza o proteínas animales sin tener que sacrificar, de no ser indispensable, las pocas cabezas de ganado de la población con menos recursos; resinas, betunes, ciertas cortezas de árboles empleadas por los curtidores; fibras de los espartos para la fabricación de sogas, maromas, capazos y mil [sic] instrumentos para el trabajo de variados sectores y no exclusivamente el agrícola, etc.; es decir, prácticamente todas las actividades de la población…››.

(5) Ésta no sólo propició un cambio de titularidad de los bienes sino que también modificó los usos vecinales establecidos. Así, ‹‹en el capítulo de policía rural de cualquier ordenanza municipal de la segunda mitad del siglo XIX, nunca se dejan de incluir una serie de artículos referidos a la prohibición del rebusco de toda clase de frutos y despojos, del aprovechamiento de los pastos de barbecheras, rastrojos y eriazos, atravesar por medio de propiedades particulares, etc.››.

(6) En la citada Instrucción a los Gobernadores Civiles se señala asimismo: “nada deben leer los niños en los establecimientos públicos que no les sugieran una idea de religión, de moral, de patriotismo, de respeto a la ley, de subordinación a la autoridad, de apego a los intereses del país, o de utilidad conveniente para ellos mismos cuando entren a funcionar en el sendero de la vida”.